Uno de los propietarios del terreno donde se ha construido la residencia universitaria Complexo Residencial As Burgas, en As Lagoas, urge al Concello el precintado inmediato de la instalación al carecer de licencia de ocupación y de apertura.
La residencia, que se ha convertido en la 'víctima' de un largo pleito que mantienen el Concello y los propietarios de los terrenos por la tramitación de un proyecto de compensación urbanístico promovido también por otro propietario, Casas Orense, en el terreno (el área de planeamiento incorporado API-02-E) donde se encuentra la instalación universitaria, ya ha sido denunciada ante la Axencia da Legalidade Urbanística de la Xunta, que se dirigió al Concello, el cual a su vez inició el expediente de reposición de la legalidad, la figura jurídica que permitirá regularizar el recinto, abierto y en funcionamiento desde hace más de 10 años.
Pero, según los abogados de los denunciantes, la tramitación del expediente no exime al Concello de su cierre porque la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia establece que 'cuando algún acto (?) de licencia se realice sin ésta o en contra de sus determinaciones, el alcalde (o concejal delegado) dispondrá la cesación inmediata de dicho acto e incoará expediente de reposición de la legalidad'. Precisa el abogado Antonio Feijóo que el cierre es una condición indispensable, por lo que ya anuncia que, si éste no se produce, presentará una denuncia ante la Fiscalía para poner los hechos en su conocimiento (bien contra el regidor municipal, Francisco Rodríguez, bien con la concejala de Urbanismo, Áurea Soto).
La edil responsable del área urbanística del Concello reconoce el escrito de la Axencia pero asegura que se refiere a la licencia de obra porque para la de actividad, el organismo de la Xunta no tiene competencia alguna. Por eso, indica, ya se le ha comunicado que el permiso de obra está concedido y ahora el Concello está tramitando el expediente de reposición de la legalidad. Soto atribuye el conflicto con la promotora y los demás propietarios a un intento de todos ellos por hacerse con el 100% de los aprovechamientos urbanísticos, que no le corresponden, en esa área de planeamiento.
En el escrito que el abogado dirige al Concello, tras conocer la notificación de la Axencia da Legalidade Urbanística, recuerda que la residencia sí tiene licencia de obra concedida en 2000, otorgada por el gobierno municipal que entonces dirigía Manuel Cabezas, que después no tramitó la licencia de apertura de la instalación, que promovía y ahora gestiona una sociedad privada especializada, Siresa Noroeste. De hecho, fue esta empresa la que también tramitó el proyecto de urbanización del entorno pero nunca lo ejecutó pese a que hay un aval depositado para tal fin por importe de 27 millones de las antiguas pesetas.
Pero, según los abogados de los denunciantes, la tramitación del expediente no exime al Concello de su cierre porque la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia establece que 'cuando algún acto (?) de licencia se realice sin ésta o en contra de sus determinaciones, el alcalde (o concejal delegado) dispondrá la cesación inmediata de dicho acto e incoará expediente de reposición de la legalidad'. Precisa el abogado Antonio Feijóo que el cierre es una condición indispensable, por lo que ya anuncia que, si éste no se produce, presentará una denuncia ante la Fiscalía para poner los hechos en su conocimiento (bien contra el regidor municipal, Francisco Rodríguez, bien con la concejala de Urbanismo, Áurea Soto).
La edil responsable del área urbanística del Concello reconoce el escrito de la Axencia pero asegura que se refiere a la licencia de obra porque para la de actividad, el organismo de la Xunta no tiene competencia alguna. Por eso, indica, ya se le ha comunicado que el permiso de obra está concedido y ahora el Concello está tramitando el expediente de reposición de la legalidad. Soto atribuye el conflicto con la promotora y los demás propietarios a un intento de todos ellos por hacerse con el 100% de los aprovechamientos urbanísticos, que no le corresponden, en esa área de planeamiento.
En el escrito que el abogado dirige al Concello, tras conocer la notificación de la Axencia da Legalidade Urbanística, recuerda que la residencia sí tiene licencia de obra concedida en 2000, otorgada por el gobierno municipal que entonces dirigía Manuel Cabezas, que después no tramitó la licencia de apertura de la instalación, que promovía y ahora gestiona una sociedad privada especializada, Siresa Noroeste. De hecho, fue esta empresa la que también tramitó el proyecto de urbanización del entorno pero nunca lo ejecutó pese a que hay un aval depositado para tal fin por importe de 27 millones de las antiguas pesetas.
