Trabajadores públicos ourensanos, algo más de 700, salieron ayer a la calle en la primera de las protestas previstas en contra de la rebaja salarial anunciada por el Gobierno. Lo hicieron ante la Subdelegación del Gobierno, pero en dos movilizaciones: una a las 18 horas convocada por los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF junto a otras organizaciones de policías y guardias civiles, y otra una hora después organizada por la CIG. Una desunión que ambos colectivos se reprochaban mutuamente, y que tiene como causa principal las negociaciones de la reforma laboral, que la CIG rechaza.
En todo caso, las dos movilizaciones coincidieron en mostrar el rechazo a la reducción salarial paralos funcionarios, y en poner de manifiesto la repercusión que ello ocasionará al conjunto de la sociedad. Así, la secretaria comarcal de CC.OO, Ana Barrios, señalaba que "esto repercute en tódolos sectores e, de feito, xa hai empresarios que romperon a negociación colectiva porque pretenden unha baixada salarial", manifestó. La movilización convocada por este colectivo se desplazó por el Paseo hasta la Praza Maior, para hacer visible su protesta ante la sociedad ourensana.
Mientras, Etelvino Blanco, de la CIG, señaló que los empleados públicos tienen un gran peso en una provincia con escasa industrialización, por lo que su pérdida de poder adquisitivo reducirá las posibilidades de reactivación económica. "É unha agresión ó conxunto da clase traballadora", añadió.
Ambos colectivos continuarán con las movilizaciones, que incluyen una huelga de funcionarios el 8 de junio.
Mientras, Etelvino Blanco, de la CIG, señaló que los empleados públicos tienen un gran peso en una provincia con escasa industrialización, por lo que su pérdida de poder adquisitivo reducirá las posibilidades de reactivación económica. "É unha agresión ó conxunto da clase traballadora", añadió.
Ambos colectivos continuarán con las movilizaciones, que incluyen una huelga de funcionarios el 8 de junio.
