La propuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial para reducir la demarcación judicial, que dejaría a la provincia con dos únicos partidos -Ourense y O Barco- frente a los nueve existentes, fue recibida con cierto escepticismo entre la judicatura ourensana.
Sobre todo, porque el comunicado emitido por el pleno del Consejo no aclara si, como parece, la reagrupación de los partidos judiciales propuesta implicará la supresión de los juzgados de las villas o si se abogará por una redistribución de los mismos para especializarlos en instrucción o primera instancia -medida que se apunta para las demarcaciones con al menos siete juzgados (ninguna en la provincia, excepto la de Ourense)-.
El presidente de la Audiencia, Fernando Alañón, entiende que 'no tendría sentido hablar de un solo partido judicial y después dejar los juzgados de las villas, ya que éstos tienen competencia en sus demarcaciones territoriales. Si hay un único partido, ¿cuál sería entonces la jurisdicción de los juzgados?', se pregunta. En este supuesto, en el que hipotéticamente la clausura de estos juzgados se compensaría con la creación de otros en la cabecera del partido judicial que hiciesen frente a toda la carga de trabajo, se plantearía 'un problema de funcionalidad. Con las instalaciones que tenemos ahora sería imposible. Igual con el edificio nuevo y el actual se podría, pero todo esto lo veo muy a largo plazo', subraya el presidente de la Audiencia.
Para Fernando Alañón no cabe duda de que de esta modificación, 'en términos de eficacia y eficiencia de la Justicia, no hay nada que decir, ya que los costes serían menores'. Pero más allá de los más que probables buenos resultados estadísticos, el presidente de la Audiencia cree que la propuesta generaría 'dudas sobre si socialmente es rentable. Si a un lugar del rural le quitas el juzgado, mañana le quitarán el instituto y al final, quién vive en ese lugar. No lo veo positivo'. Alañón subraya la 'incomodidad que generaría en los ciudadanos que tengan que desplazarse', además de las consecuencias laborales a funcionarios, abogados y procuradores.
Mientras, el juez decano, Antonio Piña, se muestra 'a favor de la concentración de órganos judiciales si mejora el servicio, pero tiene que venir acompañada de reformas estructurales'. Con todo, Piña considera que la provincia debería tener al menos tres partidos judiciales, los ya propuestos de Ourense y O Barco y uno más para Verín-Xinzo-Celanova-Bande, pues entiende que 'no son razonables desplazamientos de más de 70 kilómetros'.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, Arturo González, cree que 'de momento, es una opinión del Consejo, pero la casa hay que empezarla por los cimientos y no por el tejado. Con la estructura judicial que tenemos, no se puede hacer'. Para González, sería necesario realizar 'un cambio estructural en la oficina judicial, llevando la modificación de abajo a arriba', puesto que prevé 'un coste político muy alto porque tanto los alcaldes como los ciudadanos se van a oponer'. A su juicio, tal vez es momento de modificar la demarcación judicial, 'pero con orden'. Mientras, el decano de los procuradores, Ricardo Garrido, prefiere esperar a analizar la propuesta con la junta de gobierno de su Colegio antes de valorarla.
El presidente de la Audiencia, Fernando Alañón, entiende que 'no tendría sentido hablar de un solo partido judicial y después dejar los juzgados de las villas, ya que éstos tienen competencia en sus demarcaciones territoriales. Si hay un único partido, ¿cuál sería entonces la jurisdicción de los juzgados?', se pregunta. En este supuesto, en el que hipotéticamente la clausura de estos juzgados se compensaría con la creación de otros en la cabecera del partido judicial que hiciesen frente a toda la carga de trabajo, se plantearía 'un problema de funcionalidad. Con las instalaciones que tenemos ahora sería imposible. Igual con el edificio nuevo y el actual se podría, pero todo esto lo veo muy a largo plazo', subraya el presidente de la Audiencia.
Para Fernando Alañón no cabe duda de que de esta modificación, 'en términos de eficacia y eficiencia de la Justicia, no hay nada que decir, ya que los costes serían menores'. Pero más allá de los más que probables buenos resultados estadísticos, el presidente de la Audiencia cree que la propuesta generaría 'dudas sobre si socialmente es rentable. Si a un lugar del rural le quitas el juzgado, mañana le quitarán el instituto y al final, quién vive en ese lugar. No lo veo positivo'. Alañón subraya la 'incomodidad que generaría en los ciudadanos que tengan que desplazarse', además de las consecuencias laborales a funcionarios, abogados y procuradores.
Mientras, el juez decano, Antonio Piña, se muestra 'a favor de la concentración de órganos judiciales si mejora el servicio, pero tiene que venir acompañada de reformas estructurales'. Con todo, Piña considera que la provincia debería tener al menos tres partidos judiciales, los ya propuestos de Ourense y O Barco y uno más para Verín-Xinzo-Celanova-Bande, pues entiende que 'no son razonables desplazamientos de más de 70 kilómetros'.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, Arturo González, cree que 'de momento, es una opinión del Consejo, pero la casa hay que empezarla por los cimientos y no por el tejado. Con la estructura judicial que tenemos, no se puede hacer'. Para González, sería necesario realizar 'un cambio estructural en la oficina judicial, llevando la modificación de abajo a arriba', puesto que prevé 'un coste político muy alto porque tanto los alcaldes como los ciudadanos se van a oponer'. A su juicio, tal vez es momento de modificar la demarcación judicial, 'pero con orden'. Mientras, el decano de los procuradores, Ricardo Garrido, prefiere esperar a analizar la propuesta con la junta de gobierno de su Colegio antes de valorarla.
