Los trabajadores de Ecourense confirmaron en un comité la decisión, que hoy será oficializada
Los trabajadores del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Ourense, la UTE Ecourense, confirmaron ayer en un comité la decisión acordada la semana pasada en una asamblea de convocar una huelga indefinida a partir del Entroido, que este año vivirá sus días grandes a partir del 9 de febrero.
Aunque en un primer momento la intención de los trabajadores era de la oficializar la decisión el mismo lunes con toda la tramitación administrativa pertinente, la imposibilidad de sacar adelante la burocracia hará que los papeles no lleguen hasta esta misma mañana a la Subdelegación del Gobierno.
El paso de los días no ha cambiado, no obstante, nada los planteamientos de la plantilla del servicio municipal de limpieza, muy enfadada por el trato de los responsables de la UTE, a los que acusan de no querer negociar un nuevo convenio colectivo desde hace dos años, cuando venció el anterior.
Entre las principales reclamaciones de la plantilla está el aumento de los pluses salariales congelados en 2012 con motivo de la crisis. Sin embargo, el mayor enfado radica en la intención de los responsables de Ecourense de ligar una subida en los sueldos de los trabajadores a que se consiga un porcentaje de absentismo por debajo de una determinada cantidad, algo que los operarios no ven con buenos ojos.
Los problemas en la negociación ya habían trascendido en los últimos meses, pero sin que el escenario de los paros se vislumbrase con claridad en el horizonte. Ahora, desde el comité de empresa entienden que la situación ha llegado al límite.
Mientras, desde la dirección de Ecourense y el Concello no se han querido pronunciar hasta que la decisión de los trabajadores no sea oficial. Será en ese momento cuando se analice pormenorizadamente la situación para estudiar posibles salidas.
No es la primera vez que Ourense sufre, sin embargo, una huelga de recogida de basura y limpieza de calles. A principios de esta década, ya con Ecourense en la concesión, hubo un paro de seis días en protesta por el despido de una trabajadora aduciendo un bajo rendimiento.
Finalmente, tras una mediación del gobierno, entonces en manos del PSOE, la empresa readmitió a la operaria y los trabajadores retiraron la demanda judicial que habían interpuesto, volviendo las aguas a su cauce.
