Refutan una pena por asesinato: “El jurado no interpretó bien”

La abogada de Francisco Javier, ayer en el TSXG.
photo_camera La abogada de Francisco Javier, ayer en el TSXG.
Las defensas de los 2 condenados por el crimen de la herencia apelan en el TSXG por falta de pruebas

Los abogados fían a tres magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la opción de anular o rebajar la condena de 21 y 20 años de cárcel que la Audiencia de Ourense impuso a Francisco Javier González Hermida y Óscar González López,  respectivamente, por asesinar en agosto de 2018, durante un permiso de fin de semana, y estafar a Fernando Iglesias Espiño, el parricida de Jinamar (Gran Canaria), a quien conocieron cuando todos ellos coincidieron en la prisión de Pereiro de Aguiar.

Alegan la falta de pruebas para destruir la presunción de inocencia y cuestionaron las conclusiones a las que llegó el jurado popular que vio el caso en la condena del llamado crimen de la herencia (la que acaba de cobrar la víctima).

La letrada de Francisco Javier mencionó que se había vulnerado el principio de presunción de inocencia en varias cuestiones. En concreto, piensa que las geolocalizaciones que el jurado consideró suficientes para determinar que los condenados estaban en el lugar de los hechos (una granja en Maside), realmente solo ubican las antenas a las que estaban conectadas los teléfonos móviles, pero no el punto donde se encontraban los procesados. También sostuvo que el veredicto está mal fundamentado y, de hecho, añadió que en el juicio los forenses no fueron capaces de aclarar el momento de la muerte, aunque el jurado defendió que sí, por lo que entiende que este último realizó mal su labor.

El propio acusado, al final de la vista, a la que asistió virtualmente, defendió su inocencia y destacó que las pruebas están malinterpretadas, en concreto cree que una de sus huellas es “imposible” que estuviera donde luego se determinó.

La defensa del segundo de los condenados ratificó la postura del anterior, añadiendo que, en su caso, no se tuvo en cuenta de forma correcta la atenuante de colaboración con la justicia, que cree que debería implicar una mayor rebaja de la pena. Indicó donde estaba enterrado el cadáver  en un monte de Piñor, propiedad de la familia de Francisco. En todo caso, entiende que no existe ninguna prueba que lo vincule con la muerte de la víctima.

El fiscal superior, Fernando Suanzes, se mostró partidario del mantenimiento de la pena dictada por la Audiencia provincial, al entender que es correcta.

El tribunal ourensano consideró probado que el recluso asesinado tras ser golpeado con un objeto contundente en la cabeza salió el 11 de agosto de 2018 de prisión para disfrutar de un permiso penitenciario y se dirigió, como era habitual, a la explotación agraria propiedad de Francisco donde ese día se encontraban los dos acusados. Según esa tesis, lo mataron ese mismo día.

Los inculpados, siguiendo el plan que habían convenido, golpearon “con un objeto contundente en la cabeza” a Iglesias Espiño hasta ocasionarle la muerte y después trasladaron el cuerpo del fallecido hasta una finca, donde ocultaron el cadáver. El cuerpo fue encontrado cuatro meses después.

El tribunal del jurado determinó la coautoría del asesinato y consideró probado que los dos hombres se apropiaron de sus tarjetas de débito y de prepago y que efectuaron sustracciones de dinero que sumaron “un total de 22.490 euros”.

Los inculpados permanecen en las cárceles de Teixeiro y A Lama y ambos  comparecieron por videoconferencia.

Treinta alumnos del máster de la abogacía de Ourense, entre el público asistente

Una treintena de alumnos del primer curso del Máster Universitario en Abogacía de Ourense acudieron ayer al TSXG. La actividad se llevó a cabo en coincidencia con la apelación del crimen de la herencia. Benjamín Mayo, coordinador del programa a través del Colexio da Avogacía de Ourense, considera fundamental que “los futuros profesionales del derecho” puedan asistir a los procesos más interesantes. “Es importante que puedan venir a procesos como este, pero que también se formen en el resto de órdenes jurisdiccionales y puedan asistir a procesos civiles, sociales, mercantiles y contenciosos”, destacó. Loli Fernández, coordinadora académica del máster, explicó que “dentro de un año ya estarán en las salas, en prácticas, antes de poder ejercer de manera profesional”. En este caso, al ser penal, “les gusta más”, pues este tipo de asistencias a las vistas son actividades voluntarias, pero “muy solicitadas.  Ambos han agradecido la acogida del TSXG.

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