La renta mínima apenas llega a 1.200 hogares ourensanos

El ingreso mínimo vital (IMV), implantado por el Gobierno central para paliar la crisis del covid, acaba el año con más sombras que luces. La renta apenas ha llegado a una quinta parte de los hogares ourensanos que el Gobierno central había marcado como objetivo. Los colectivos sociales aprecian problemas a la hora de gestionar y advierten de trabas, como tener que realizar inversiones iniciales. "Estamos vendo fallos moi gordos, hai moita xente que o está solicitando e que está a ter moitos problemas", explica la ourensana Tamara Balboa, del Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas. Problemas para pedirlo "O que non pode ter acceso a oenegés como a nosa, ten que pagar unha xestoría ou un avogado para facer os trámites. Se tes que empezar pagando, malo. A alfabetización dixital segue sendo baixa, e moita xente non é capaz de pedilo telematicamente", indica Balboa. Desde Cáritas, advierten de que prácticamente el 40% de hogares no ha solicitado el IMV por " falta de información", mientras que un 73% de los que lo pidieron "siguen a la espera de una respuesta". Ven "deficiente" su implantación, también por la imposibilidad de acceder por otro canal que no sea el digital, la desinformación y la complejidad burocrática, así como las incompatibilidades con otras prestanciones, lo cual aumenta la "angustia y preocupación" de las familias. Sobrecarga municipal También los municipios se lamentan. Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) alertan de la "sobrecarga administrativa" en los concellos, que asocian "de forma especial" a la asistencia en tramitar el IMV. La carga burocrática municipal, según la Fegamp, se incrementó durante la pandemia un 32% "pola asistencia para demandas sociais non competencia dos concellos, coma o IMV", y reclaman normas que regulen la asistencia. Datos actualizados Según los últimos datos aportados por la Subdelegación del Gobierno, en Ourense, el IMV llegó a 1.179 hogares hasta diciembre, cuando el 26 de junio ya habían sido designados 479 beneficiarios de oficio. Apenas fueron beneficiadas 700 familias más en este lapso de seis meses, pese a que entonces, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, había indicado que el 4% de los hogares gallegos (39.500) podrían beneficiarse, llegando en Ourense a las 5.000 familias. Según los datos de principios de septiembre, ya 5.066 hogares lo habían pedido, pero habían sido rechazadas más solicitudes de las que habían prosperado. Actualmente, el IMV llega a 1.179 familias, en los que viven 3.120 ourensanos (1.800 adultos y 1.320 menores). El subdelegado, Emilio González Afonso, destaca que este IMV es una "importante iniciativa" del paquete social que puso en marcha el Gobierno y que trabaja en "protexer as persoas en risco de exclusión". Los beneficiarios, personas entre 23 (salvo que tengan hijos) y 65 años en situación de vulnerabilidad, se garantizan unos ingresos de entre 5.500 y 12.00 euros al año. El Gobierno, que ha reconocido la existencia de dificultades a la hora de recibir la prestación, ya anunció que contemplará que puedan acceder al ingreso mínimo las personas sin hogar, hasta ahora ignoradas. Se desconocen de forma oficial las cuantías asignadas a los beneficiarios. Ya la pasada semana el PP preguntó por este asunto relativo a la provincia de Ourense, obteniendo como respuesta del Gobierno que no estaban "desglosados" los datos. “Chamamos 2 veces polo mesmo caso e deron respostas diferentes" La trabajadora social Tamara Balboa ha dedicado gran parte del año a tramitar el IMV en su entorno, y se muestra crítica con la situación: "De 50 que levamos tramitados, resolvéronse positivamente 4 ou 5, os demais solicitaron documentación e outros foron rexeitados. Estase retrasando moito. A maioría das que resolveron foran as de oficio". Balboa conoce diferentes casuísticas que se están dando en la provincia. "Houbo xente que quedou sen emprego este ano. Unha rapaza estivo traballando de caixeira o ano pasado, pero este ano leva desde xaneiro sen traballar, e ao computar os ingresos do ano anterior denegáronlla". En el caso del rural, aparecen problemas añadidos, como no poder en muchos casos identificar si el solicitante vive en una vivienda alquilada o propia, "porque nalgúns casos viven en casas prestadas por algún veciño" y, subraya, "ao ser o modelo de solicitude pechado non sabes como resolvelo". También señala que muchos procesos se están dilatando por la petición de documentación. Lo que más lamenta Balboa es que este retraso está impidiendo que este IMV sirva de "alivio" en este año tan complicado. Además, sostiene que el teléfono de información para los solicitantes no suele ser resolutivo, unas veces porque no cogen, u otras por mensajes contradictorios. "Chamamos eu e outro compañeiro polo mesmo caso e deron respostas diferentes". Ve "un fallo moi gordo" que el asesoramiento no lo hagan funcionarios de la Seguridad Social de forma presencial", lo cual, según su criterio, mejoraría la tramitación.