El macrocaso de la retirada ilegal de multas desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo también extendió sus ramificaciones a Ourense. En el basto número de imputados -77- figura el que fuera chófer de Pablo López Vidal cuando éste último asumió la secretaría de la Mesa del Parlamento durante el gobierno bipartito. Según dictaminó en el auto de procesamiento la titular del Jugado de Instrucción 3, Estela San José, el ourensano José S.C. supuestamente se benefició de dos retiradas de sanciones por exceso de velocidad haciendo prevaler su condición de conductor de un vehículo oficial .
Para argumentarlo se limita a mencionar una 'defectuosa fotocopia' de una denuncia de la Guardia Civil de Tráfico hallada en los registros practicados por orden judicial, en la que aparece manuscrito 'Pablo, secretario de mesa de Parlamento'. A juicio de la instructora, esto es un indicio para imputar al exconductor por tráfico de influencias, delito penado entre seis meses y un año de prisión.
En la larga lista de imputados figuran muchas personas del entorno socialista (cinco alcaldes, delegados provinciales, concejales, dos diputados en el Parlamento gallego...) que pidieron la retirada de multas, además del exjefe provincial Julio González y el subdelegado del Gobierno de Lugo Jesús Otero. Incluso aparece un deán de la catedral de Lugo.
La jueza da así por concluida la investigación de un caso que hizo pasar por el juzgado a casi un centenar de personas dando traslado al fiscal para que formule escrito de acusación, de ahí que la pelota ahora está en el tejado del Ministerio Público que no siempre interpreta que estos favores son constitutivos de delito. No obstante, la Audiencia aún deberá resolver los recursos de apelación presentados por los letrados de algunos de los imputados.
Según la jueza, de las diligencias practicadas 'se desprende un entramado de relaciones que, a través de distintos medios, hacían que los expedientes sancionadores se sobreseyeran de manera irregular'.
En la larga lista de imputados figuran muchas personas del entorno socialista (cinco alcaldes, delegados provinciales, concejales, dos diputados en el Parlamento gallego...) que pidieron la retirada de multas, además del exjefe provincial Julio González y el subdelegado del Gobierno de Lugo Jesús Otero. Incluso aparece un deán de la catedral de Lugo.
La jueza da así por concluida la investigación de un caso que hizo pasar por el juzgado a casi un centenar de personas dando traslado al fiscal para que formule escrito de acusación, de ahí que la pelota ahora está en el tejado del Ministerio Público que no siempre interpreta que estos favores son constitutivos de delito. No obstante, la Audiencia aún deberá resolver los recursos de apelación presentados por los letrados de algunos de los imputados.
Según la jueza, de las diligencias practicadas 'se desprende un entramado de relaciones que, a través de distintos medios, hacían que los expedientes sancionadores se sobreseyeran de manera irregular'.
