Cristian A.A. tenía 20 años de edad cuando mantuvo una breve relación sentimental con una menor de 14 en el mes de mayo de 2018. Ambos se conocieron en la ciudad de Ourense y mantuvieron relaciones sexuales completas al menos en dos ocasiones en una casa abandonada que ocupaba el inculpado cerca del auditorio, tal como sostuvo la fiscal en el juicio celebrado ayer a puerta cerrada en la Audiencia provincial. Hasta que se enteraron los padres de la víctima y lo denunciaron al mes siguiente de comenzar el furtivo noviazgo.
La acusación pública pide una condena de nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales (atentar contra la libertad sexual con consentimiento viciado por la diferencia de edad y sin violencia). La relaciones fueron consentidas pero la fiscalía hace valer que era una menor de 16 años y el acusado, un adulto"conflictivo". El mismo reconoció en el juicio que había vivido en la calle (ahora está en la cárcel por otro delito distinto).
La defensa planteó ante el tribunal la libre absolución en aplicación de una "excusa absolutoria del artículo 183 quater del Código Penal". No hubo abusos, aseguró en la sala, porque el grado de madurez emocional del autor es inferior a su edad cronológica. Ademas, el inculpado asegura que desconocía que la adolescentes tuviera 14 años. Ella le dijo que tenía 15 para 16, según la versión del acusado, y se lo creyó.
La abogada se apoya en el informe de las psicólogas del Imelga de Lugo que reconocieron a Cristian: posee un desenvolvimiento cognoscitivo acorde a su edad pero su grado de madurez y su desenvolvimiento emocional es inferior.
Por su parte, la joven posee una capacidad intelectual dentro de la media y no es especialmente manipulable pero, según la fiscalía, "está supeditada a necesidades emocionales no cubiertas". Quería tener novio y el acusado le gustaba.
El forense del Imelga de Ourense compareció para acreditar los problemas con las drogas del imputado por lo que la defensa planteó en su alegato final la atenuante la toxicomanía en caso de una sentencia condenatoria.
La fiscal, por su parte, además de los nueve años de cárcel, reclama una medida de alejamiento con respecto a la víctima durante cinco años así como comunicar con ella, además de otros cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena de privación de libertad.
La tasa más elevada
En el año 2018, cuando se cursó esta denuncia, en la provincia de Ourense hubo 72 delitos contra la libertad e indemnidad sexual (se esclarecieron 58), de los que 39 fueron abusos y cuatro abusos con penetración. La tasa (hechos denunciados por 10.000 habitantes) fue la más elevada en toda Galicia en los abusos con penetración (1,3 delitos por 10 mil habitantes).
En ese periodo, las fuerzas de seguridad detuvieron a 51 personas por delitos sexuales.
