Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza abre las puertas a la legalización de una depuradora de aguas residuales al lado de la actual, en Reza, al reconocer que el Reglamento de actividades nocivas y peligrosas -el que determinó la clausura de la actual instalación por estar a menos de 2.000 metros de las casas- ya no está en vigor en Galicia. Esta resolución, por cierto, rechaza una anterior que anulaba los actos del Concello tendentes a eludir el cierre de la actual depuradora mientras no se construya otra.
El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ourense había anulado en febrero de este mismo año, a instancias de vecinos de Reza, todos los actos emprendidos por el Concello de Ourense para, según la resolución, eludir la ejecución de la sentencia firme dictada en el año 2003 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que declaraba ilegal la depuradora de aguas residuales y ordenaba su cierre, nunca ejecutado. Ese Juzgado anulaba, así, la adjudicación a la empresa Fulcrum del estudio para buscar ubicaciones alternativas a la actual instalación y todas las acciones siguientes que precedieron al acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Norte de ubicar la nueva depuradora prácticamente al lado de la actual.
El Concello de Ourense, que recurrió en apelación contra aquella resolución, obtuvo ahora la estimación de su recurso. En este caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG revoca la anulación de todas aquellas acciones basándose fundamentalmente en la derogación, en 2008, del llamado Raminp, el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; precisamente, fue esta normativa, que impedía esas instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas, la que determinó en 2003 aquella resolución firme que ordenaba clausurar la depuradora actual.
Legalidad
La sentencia abre las puertas al Concello para asegurar la legalidad de la nueva instalación al lado de la actual, teniendo en cuenta, como declaró en su momento el gobierno munici pal, la dificultad de hallar en Ourense, aguas abajo de la ciudad, un terreno que quede lo suficientemente alejado de las viviendas.
La nueva resolución judicial, del pasado 2 de julio y contra la que no cabe recurso ordinario alguno, reconoce que la pretensión de instalar el nuevo servicio a 250 metros del actual ofrece una sustancial coincidencia en tal aspecto material de ubicación en relación con lo examinado en la sentencia en su día dictada pero hay ya un elemento diferenciador, que es la entrada en vigor de la Ley estatal 34/2007 y del decreto autonómico 133/2008; este último es particularmente importante para el tribunal porque en su disposición final primera establece que queda sin aplicación, en el ámbito territorial de Galicia, el mencionado Raminp. Y como quiera que la aplicación de esa normativa constituyó aspecto esencial de la sentencia del 17 de diciembre de 2003, la situación jurídica surgida con la mencionada aparente derogación, da lugar a la aparición de un nuevo escenario que incluye elementos suficientemente diferenciados, (...) sin que por tanto el pronunciamiento municipal emitido en relación con la nueva situación se presente como inaceptable.
A mayores, el tribunal destaca que las nuevas actuaciones anteriores a la entrada en vigor de aquel decreto autonómico inciden específicamente en la vía de excepción en su día prevista en el artículo 15 del Raminp, introduciendo así también una nueva cuestión desde la perspectiva de valoración jurídica que no fue en su día contemplada en la sentencia de 2003.
La futura instalación, pendiente de anteproyecto
Precisamente, el pasado día 5 de este mes la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil adjudicó a la empresa Saitec el contrato de asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de la nueva depuradora. La empresa tiene un plazo de seis meses para realizar su trabajo. Es un paso más hacia la construcción de una nueva instalación que, según el organismo de cuenca, puede costar 40 millones de euros y que supondrá el cierre definitivo de la actual.
El Concello de Ourense, que recurrió en apelación contra aquella resolución, obtuvo ahora la estimación de su recurso. En este caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG revoca la anulación de todas aquellas acciones basándose fundamentalmente en la derogación, en 2008, del llamado Raminp, el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; precisamente, fue esta normativa, que impedía esas instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas, la que determinó en 2003 aquella resolución firme que ordenaba clausurar la depuradora actual.
Legalidad
La sentencia abre las puertas al Concello para asegurar la legalidad de la nueva instalación al lado de la actual, teniendo en cuenta, como declaró en su momento el gobierno munici pal, la dificultad de hallar en Ourense, aguas abajo de la ciudad, un terreno que quede lo suficientemente alejado de las viviendas.
La nueva resolución judicial, del pasado 2 de julio y contra la que no cabe recurso ordinario alguno, reconoce que la pretensión de instalar el nuevo servicio a 250 metros del actual ofrece una sustancial coincidencia en tal aspecto material de ubicación en relación con lo examinado en la sentencia en su día dictada pero hay ya un elemento diferenciador, que es la entrada en vigor de la Ley estatal 34/2007 y del decreto autonómico 133/2008; este último es particularmente importante para el tribunal porque en su disposición final primera establece que queda sin aplicación, en el ámbito territorial de Galicia, el mencionado Raminp. Y como quiera que la aplicación de esa normativa constituyó aspecto esencial de la sentencia del 17 de diciembre de 2003, la situación jurídica surgida con la mencionada aparente derogación, da lugar a la aparición de un nuevo escenario que incluye elementos suficientemente diferenciados, (...) sin que por tanto el pronunciamiento municipal emitido en relación con la nueva situación se presente como inaceptable.
A mayores, el tribunal destaca que las nuevas actuaciones anteriores a la entrada en vigor de aquel decreto autonómico inciden específicamente en la vía de excepción en su día prevista en el artículo 15 del Raminp, introduciendo así también una nueva cuestión desde la perspectiva de valoración jurídica que no fue en su día contemplada en la sentencia de 2003.
La futura instalación, pendiente de anteproyecto
Precisamente, el pasado día 5 de este mes la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil adjudicó a la empresa Saitec el contrato de asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de la nueva depuradora. La empresa tiene un plazo de seis meses para realizar su trabajo. Es un paso más hacia la construcción de una nueva instalación que, según el organismo de cuenca, puede costar 40 millones de euros y que supondrá el cierre definitivo de la actual.
