El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense ha condenado a 20 demandados por la empresa T-Solar -que permanecen encerrados desde hace dos meses en la fábrica del Parque Tecnológico-a desalojar las instalaciones, a no realizar cualquier 'actuación que impida o perturbe la posesión de la demandante sobre la finca y nave', y a pagar las costas del proceso (estimados en 3.000 euros).
La jueza indica que la ocupación de las instalaciones 'no está amparada por el ejercicio de los derechos de reunión, negociación colectiva ni de acción sindical'. Añade que la actuación de los encerrados no se enmarca en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues 'no consta que se realizase por los afiliados de un sindicato en su condición de tales sino, al parecer, por miembros de una comisión negociadora, trabajadores afectados por el ERE e incluso políticos y simpatizantes con la causa'.
Según el texto, se trata de una protesta ante el cierre de la planta 'impidiendo su desmantelamiento y como de medida de presión ante los administradores concursales y operadores sociopolíticos' para lograr una solución que permita el mantenimiento de la planta, y entiende que es 'una forma de manifestación con ocupación permanente de varias dependencias de la nave'.
La jueza no cuestiona que la acción de los demandados tiene una 'significación sindical' como medida de lucha colectiva en defensa de los puestos de trabajo, pero matiza que 'no es el ejercicio de una facultad protegida por el derecho de libertad sindical, de reunión y negociación colectiva'.
La sentencia no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial en un plazo de 20 días, que los trabajadores denunciados ya han comunicado que van a presentar. Además, transmitían su decisión de continuar el encierro en las instalaciones de la empresa, en demanda de una solución que permita mantener su actividad y los puestos de trabajo.
Los 20 denunciados son trabajadores de T-Solar y la parlamentaria nacionalista Tereixa Paz, quien ayer confirmaba la intención de recurrir alegando que 'a propia xuiza recoñece que é un conflicto sindical' y que 'nós nunca discutimos a posesión da fábrica.
La compañía, que se llevó más de 60 millones de euros en ayudas públicas y ahora anunció los despidos y el cierre, podría pedir la ejecución cautelar de la sentencia, aunque no es habitual hasta que no sea firme. Desde la empresa señalaron que todavía no habían podido analizarla a fondo y desconocían los detalles.
Según el texto, se trata de una protesta ante el cierre de la planta 'impidiendo su desmantelamiento y como de medida de presión ante los administradores concursales y operadores sociopolíticos' para lograr una solución que permita el mantenimiento de la planta, y entiende que es 'una forma de manifestación con ocupación permanente de varias dependencias de la nave'.
La jueza no cuestiona que la acción de los demandados tiene una 'significación sindical' como medida de lucha colectiva en defensa de los puestos de trabajo, pero matiza que 'no es el ejercicio de una facultad protegida por el derecho de libertad sindical, de reunión y negociación colectiva'.
La sentencia no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial en un plazo de 20 días, que los trabajadores denunciados ya han comunicado que van a presentar. Además, transmitían su decisión de continuar el encierro en las instalaciones de la empresa, en demanda de una solución que permita mantener su actividad y los puestos de trabajo.
Los 20 denunciados son trabajadores de T-Solar y la parlamentaria nacionalista Tereixa Paz, quien ayer confirmaba la intención de recurrir alegando que 'a propia xuiza recoñece que é un conflicto sindical' y que 'nós nunca discutimos a posesión da fábrica.
La compañía, que se llevó más de 60 millones de euros en ayudas públicas y ahora anunció los despidos y el cierre, podría pedir la ejecución cautelar de la sentencia, aunque no es habitual hasta que no sea firme. Desde la empresa señalaron que todavía no habían podido analizarla a fondo y desconocían los detalles.
