La portavoz y secretaria de Coordinación, Acción Electoral e Política Municipal del PSdeG, Mar Barcón, dijo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que si sigue pensando que el Gobierno gallego tiene que respetar la legalidad, como pregonó en sus discursos de toma de posesión, tiene que cesar hoy al delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, tras haberse conocido la sentencia de la Audiencia Nacional que lo obliga a devolver ayudas europeas recibidas -por más de 50.000 euros- y que fueron gestionadas de forma fraudulenta durante su etapa como alcalde de Arnoia (Ourense).
Una sentencia de la Audiencia Nacional, que obliga al Centro de Iniciativas para el desarrollo de Val do Miño (Ceivam) -el grupo de acción local de Arnoia que gestionaba ayudas europeas- a devolver 50.000 euros de fondos europeos invertidos en obras inexistentes, ha llevado a PSOE y BNG a pedir medidas contra el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, quien era entonces alcalde de Arnoia y presidente de Ceivam. El PSdeG reclama el cese inmediato y considera que la resolución judicial evidencia o uso fraudulento de cartos públicos por ter certificado obras inexistentes, según aseguró la viceportavoz del grupo parlamentario del PSOE, Mar Barcón.
Mientras, los nacionalistas Tereixa Paz y Alfredo Suárez Canal piden medidas políticas inmediatas e contundentes y por ello presentaron una serie de iniciativas parlamentarias para reclamar a Alberto Núñez explicaciones para que aclare se unha persoa involucrada por sentenza xudicial firme de defraudación de fondos públicos pode seguir ocupando o cargo de delegado territorial.
Martínez, por su parte, entiende que es a las empresas beneficiarias de las ayudas a las que corresponde a devolución desas cantidades e aí non pinta nada Rogelio Martínez. Aseguró desconocer la sentencia aunque explicó que non houbo malversación de ningún tipo porque él presidía Ceivam pero no fue beneficiario de ningunha axuda. Además, Martínez considera que a efectos de Ceivam, as obras están feitas e xustificadas. Para él, todo es unha maneira de querer darlle caña ó presidente (Alberto Núñez) porque se quixeran facerme dano a min xa sacarían este tema cando empezou a soar o meu nome como delegado.
Alberto Núñez también se refirió a la sentencia, para la que pidió máximo respeto, añadiendo que habrá que actuar en consecuencia, aunque puntualizó que no es la primera vez que una administración local, autonómica o estatal tiene que devolver ayudas europeas.
52.000 euros sin justificar
La sentencia de la Audiencia Nacional, firme, es el resultado del recurso presentado por Ceivam contra la resolución del Ministerio de Agricultura, de 26 de junio de 2007, por la que se acordaba la devolución por parte del centro de iniciativas de 12.897 euros de un expediente y 39.065 de otro. El Ministerio reclamaba este dinero al considerar que se habían incumplido los compromisos del Leader II tras haber encontrado irregularidades en las ayudas concedidas a un taller artesanal de orfebrería y a una planta de biomasa. En el primer caso se detectó que faltaba parte de la maquinaria certificada, mientras que en el segundo la inspección concluyó que la nave certificada ya existía con anterioridad a las ayudas.
En mayo de 2007, Ceivam presentó un recurso de reposición contra la resolución del ministerio. Alegaba que toda la maquinaria se encontraba en el taller de orfebrería y que la subvención de la planta de biomasa se había destinado a la renovación de la nave y la adquisición de las máquinas necesarias. Al desestimar la Administración este recurso, Ceivam recurrió a la Audiencia Nacional, dando lugar a esta última sentencia, que confirma la resolución del Ministerio de Agricultura. Señala que en el expediente del taller de orfebrería las facturas presentadas no alcanzan a la totalidad de la partida de adquisición de maquinaria certificada y en el de la biomasa no se aprecian síntomas de actividad.
Mientras, los nacionalistas Tereixa Paz y Alfredo Suárez Canal piden medidas políticas inmediatas e contundentes y por ello presentaron una serie de iniciativas parlamentarias para reclamar a Alberto Núñez explicaciones para que aclare se unha persoa involucrada por sentenza xudicial firme de defraudación de fondos públicos pode seguir ocupando o cargo de delegado territorial.
Martínez, por su parte, entiende que es a las empresas beneficiarias de las ayudas a las que corresponde a devolución desas cantidades e aí non pinta nada Rogelio Martínez. Aseguró desconocer la sentencia aunque explicó que non houbo malversación de ningún tipo porque él presidía Ceivam pero no fue beneficiario de ningunha axuda. Además, Martínez considera que a efectos de Ceivam, as obras están feitas e xustificadas. Para él, todo es unha maneira de querer darlle caña ó presidente (Alberto Núñez) porque se quixeran facerme dano a min xa sacarían este tema cando empezou a soar o meu nome como delegado.
Alberto Núñez también se refirió a la sentencia, para la que pidió máximo respeto, añadiendo que habrá que actuar en consecuencia, aunque puntualizó que no es la primera vez que una administración local, autonómica o estatal tiene que devolver ayudas europeas.
52.000 euros sin justificar
La sentencia de la Audiencia Nacional, firme, es el resultado del recurso presentado por Ceivam contra la resolución del Ministerio de Agricultura, de 26 de junio de 2007, por la que se acordaba la devolución por parte del centro de iniciativas de 12.897 euros de un expediente y 39.065 de otro. El Ministerio reclamaba este dinero al considerar que se habían incumplido los compromisos del Leader II tras haber encontrado irregularidades en las ayudas concedidas a un taller artesanal de orfebrería y a una planta de biomasa. En el primer caso se detectó que faltaba parte de la maquinaria certificada, mientras que en el segundo la inspección concluyó que la nave certificada ya existía con anterioridad a las ayudas.
En mayo de 2007, Ceivam presentó un recurso de reposición contra la resolución del ministerio. Alegaba que toda la maquinaria se encontraba en el taller de orfebrería y que la subvención de la planta de biomasa se había destinado a la renovación de la nave y la adquisición de las máquinas necesarias. Al desestimar la Administración este recurso, Ceivam recurrió a la Audiencia Nacional, dando lugar a esta última sentencia, que confirma la resolución del Ministerio de Agricultura. Señala que en el expediente del taller de orfebrería las facturas presentadas no alcanzan a la totalidad de la partida de adquisición de maquinaria certificada y en el de la biomasa no se aprecian síntomas de actividad.
