Tras un mes de huelga de abogados y procuradores del Turno de Oficio, que comenzó el 21 de noviembre, la jurisdicción penal acusa la factura por el elevado número de suspensiones. Según fuentes del Penal 2, han aplazado en este tiempo 31 juicios, a los que hay que sumar otros tantos del Penal 1. “Son los órganos más afectados porque hay muchos abogados de turno que asisten a los detenidos y los representan, en la jurisdicción civil están menos presentes”, aseguran fuentes del Penal.
La huelga, según esas mismas fuentes, “ha provocado la paralización del 70% de los dos juzgados penales porque casi todos los letrados que representan a los acusados son del turno de oficio, pero también influye en las ejecuciones de las sentencias”. Este lunes, el Penal 1 suspendió tres de los cinco juicios que tenía en agenda: una causa por un incendio forestal, otra por amenazas y un robo con fuerza, aplazados para febrero.
En el caso del robo, que ya se había suspendido en una anterior ocasión por la huelga de letrados de la administración de justicia, obligó al denunciante a desplazarse desde Verín, con el consiguiente desembolso de la gasolina. Según dijo, reclamó los gastos del desplazamiento a la Xunta.
Un robo de 2014 para abril
El Penal 2 había reservados dos días consecutivos (lunes y martes) para enjuiciar un delito continuado de robo y receptación de abril de 2014, con 13 encausados. Seis de los letrados que representan a los inculpados son del servicio de justicia gratuita y optaron por secundar la huelga. La vista quedó aplazada para el 11 de abril.
Los móviles (70) fueron sustraídos en dos ocasiones diferentes en una tienda de telefonía de Santo Domingo y fueron valorados en casi 20.000 euros por los perjudicados. Uno de los acusados fue imputado en el robo y el resto, hasta doce, en la compra de los terminales de alta gama en el mercado negro.
El fiscal pide hasta cinco años de cárcel para el principal inculpado, Luis Miguel D.S.M., por un delito continuado de robo así ocho meses de prisión para el resto de compañeros de banquillo. Sostiene que el inculpado los vendía posteriormente a precio de ganga, entre 50 y 20 euros, o incluso en una ocasión a cambio de un tatuaje o ropa de vestir.
