Preparar la Cidade da Cultura para un espacio judicial costó. A la Xunta, bastante dinero. Y para ello tuvo que aportar casi un millón de euros, los que costó habilitar 1.058 metros cuadrados de salas en el CINC del monte Gaiás para favorecer el normal desarrollo de la vista y la cobertura informativa (una treintena de medios acreditados), incluyendo en esa factura la contratación de la seguridad y limpieza.
En la sala de vistas, 508 metros cuadrados, estarán un centenar de abogados, los imputados, el fiscal Mario Piñeiro Vázquez, la jueza, Elena Fernández Currás, la letrada de la Administración de Justicia y el público, que también tiene reservado otro espacio específico.
El juicio comienza este 5 de octubre a las 9,30 horas con la práctica de la acción penal, la cual está previsto que finalice el 10 de febrero de 2023, pero después, a partir del 14, se empezará a hablar de la responsabilidad civil -hay fechas hasta junio- para determinar las indemnizaciones a los 446 perjudicados que reclaman. La acción civil se dirige contra QBE (la aseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate&Speciality (compañía de Adif), Renfe Operadora, Adif y los dos acusados. Hasta la fecha, solo Renfe abrió la cartera con algo más de 20 millones de euros y la aseguradora de Adif consignó cerca de dos.
El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos (sin perjuicio de que las partes desistan de alguna testifical antes o durante el juicio). Declararán una media de 15 testigos al día y de tres testigos/peritos por sesión. Según el TSXG, se ha señalado, en la mayoría de los casos, una intervención por día de cada uno de los peritos que testificarán en la acción penal debido a la amplitud y complejidad de sus informes. En la acción civil declararán entre cinco y diez por sesión.
