La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, volvió a arremeter contra la gestión de su departamento que realizaron los anteriores gobiernos municipales y muy especialmente el presidido por Manuel Cabezas. 'Hai unha enorme preocupación en moitos sectores para que as cousas sigan a funcionar como o fixeron durante 12 anos antes de que chegaramos nós', aseguró. Según la edila, la anulación definitiva del Plan Xeral de 2003, aprobado por aquel gobierno, ha generado ya 18 reclamaciones patrimoniales al Concello, las 10 últimas la semana pasada, si bien todavía no pudo precisar la cuantía total que se reclama -sólo las cuatro primeras supe
'Hai unha enorme preocupación en moitos sectores para que as cousas sigan a funcionar como o fixeron durante 12 anos antes de que chegaramos nós', aseguró. Según la edila, la anulación definitiva del Plan Xeral de 2003, aprobado por aquel gobierno, ha generado ya 18 reclamaciones patrimoniales al Concello, las 10 últimas la semana pasada, si bien todavía no pudo precisar la cuantía total que se reclama -sólo las cuatro primeras superan los 24 millones de euros-.
Soto aventuró, además, que las reclamaciones podrían ir a más y no cesar con el nuevo planeamiento, puesto que el de 2003 contemplaba 55.000 viviendas y el próximo únicamente planteará 20.000 por motivos de sostenibilidad -como el abastecimiento y saneamiento de agua...-.
Con todo, el motivo de su comparecencia era un escrito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que instaba al Concello a ejecutar una sentencia que ordenaba realizar un proyecto de reparcelación en la zona 11 del SU 5 del Plan de 1986 (en O Couto), tal y como ya se había sentenciado en 1999. El gobierno municipal decidió entonces compensar al propietario -el constructor Bautista Rodríguez- incrementando en el Plan los aprovechamientos que le correspondían en otras zonas de la ciudad. Al caer el planeamiento, éste instó al Tribunal a que se ejecute la sentencia, por lo que el Concello envió al TSXG un informe en el que se defiende que la sentencia está ejecutada puesto que, según Soto, 'a comisión de goberno acordou recalificar parcelas e regalarlle 13.974.794 euros -cantidad en la que valora los aprovechamientos que recibió en compensación ya que entiende que el de su parcela sólo superaba los 404.717 euros-'.
Soto explicó que este constructor mantiene nueve recursos judiciales abiertos, en zonas como el Campus (donde tiene una propiedad), la licencia de Hipercor y el centro de salud de O Vinteún, entre otros. Sin embargo, un representante del empresario tacha de 'falsedades y conscientes inexactitudes' las declaraciones de Soto, asegurando que 'la sentencia está sin cumplir', que no tiene nada que ver con, entre otros, el recurso de Hipercor, y que sólo mantiene los que 'afectan a sus intereses'.
Soto aventuró, además, que las reclamaciones podrían ir a más y no cesar con el nuevo planeamiento, puesto que el de 2003 contemplaba 55.000 viviendas y el próximo únicamente planteará 20.000 por motivos de sostenibilidad -como el abastecimiento y saneamiento de agua...-.
Con todo, el motivo de su comparecencia era un escrito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que instaba al Concello a ejecutar una sentencia que ordenaba realizar un proyecto de reparcelación en la zona 11 del SU 5 del Plan de 1986 (en O Couto), tal y como ya se había sentenciado en 1999. El gobierno municipal decidió entonces compensar al propietario -el constructor Bautista Rodríguez- incrementando en el Plan los aprovechamientos que le correspondían en otras zonas de la ciudad. Al caer el planeamiento, éste instó al Tribunal a que se ejecute la sentencia, por lo que el Concello envió al TSXG un informe en el que se defiende que la sentencia está ejecutada puesto que, según Soto, 'a comisión de goberno acordou recalificar parcelas e regalarlle 13.974.794 euros -cantidad en la que valora los aprovechamientos que recibió en compensación ya que entiende que el de su parcela sólo superaba los 404.717 euros-'.
Soto explicó que este constructor mantiene nueve recursos judiciales abiertos, en zonas como el Campus (donde tiene una propiedad), la licencia de Hipercor y el centro de salud de O Vinteún, entre otros. Sin embargo, un representante del empresario tacha de 'falsedades y conscientes inexactitudes' las declaraciones de Soto, asegurando que 'la sentencia está sin cumplir', que no tiene nada que ver con, entre otros, el recurso de Hipercor, y que sólo mantiene los que 'afectan a sus intereses'.
