Lamenta la actuación del fiscal que 'ya quisieran para sí tantos desgraciados'
La exconcejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, y el abogado Carlos Hernández recurrieron la denegación del procesamiento del juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez. El magistrado instructor de la causa abierta en el TSXG, según razonaba en un auto del 19 de este mes, no veía “indicios racionales de la comisión del delito de prevaricación judicial”.
Los querellantes presentaron recurso de reforma ante el mismo instructor del sumario, el mismo que debe dictar auto de conclusión de sumario y elevarlo a la sala compuesta por otros tres magistrados, quienes pueden acordar el archivo o revocar ese auto para que el instructor realice nuevas diligencias de investigación o para que decrete el procesamiento.
Soto y Hernández se querellaron contra el titular de Instrucción 1 de Ourense por haberlos imputado y sentado en el banquillo de los acusados (apertura de juicio oral) en relación a las licencias dadas para legalizar obras y actividades en subsuelo de la plaza de San Antonio, un proceso en el que tanto la exedil como su compañero de banquillo -elaboró el informe en base al cual se otorgaron las licencias para las edificaciones del plaza- fueron absueltos.
Al letrado que representa a los querellantes no le convencen las razones aducidas por José Antonio Ballestero, el magistrado del TSXG que no ve delito en el proceder del juez decano. "Ni uno sólo de los fundamentos de derecho del auto recurrido aborda una de las actuaciones que atribuíamos al querellado (...), cual es la derivada de la imputación de Soto como autora de un delito de prevaricación administrativa por si intervención en el expediente de reconocimiento y pago de una indemnización (a una vecina perjudicada por la pérdida de luces), cuando en dicho expediente no consta ni una intervención suya, en tanto que se dejaba fuera a cualquier imputación a una alta funcionaria del Ayuntamiento de Ourense que elevó la propuesta a la junta de gobierno para su reconocimiento y pago".
Y sostiene que el juez Álvarez también prevaricó cuando no incluyó en el proceso penal "a tres funcionarios que firmaron la propuesta de concesión de licencia, en tanto que sí se imputaba a Hernández por haber emitido un dictamen que el auto de imputación considera como de cooperación necesaria".
La exedil aprovecha esta ocasión para arremeter de nuevo contra el ministerio fiscal por su actuación en este caso como "inseparable y fuel aliado" del juez decano. Para el letrado que representa a los denunciantes resulta "incomprensible e inexplicable" la adhesión del ministerio público a los argumentos del juez. Alude a que su actuación en este caso en concreto "ya quisieran para sí tantos desgraciados que sufren a diario la temible y lacerante pena de banquillo".
