La concejala declaró ante el juez por no mostrar el Plan Xeral a un promotor antes de su aprobación.
La concejala de Urbanismo de la ciudad, la socialista Áurea Soto, aseguró ayer que "mientras sea concejala nunca voy a atender a intereses particulares", por lo que comparecerá como imputada "una y 16 veces", si es preciso, por esta circunstancia. Lo dijo después de declarar ayer, en calidad de imputada, por un presunto delito de prevaricación, en relación a la querella presentada por la hija del promotor Bautista Rodríguez, que la denunció al no poder consultar el Plan Xeral antes de su exposición al público. En este sentido, la concejala defendió que "todos los ciudadanos tengan acceso (al documento) al mismo tiempo que lo establece la ley" y que ella entiende que es tras su aprobación inicial en el pleno.
La concejala considera que "este promotor (por Bautista Rodríguez), al cual le pagamos quedarse el 100% de aprovechamiento en el Campus en 2008, trabaja con Democracia Ourensana y tiene otros colaboradores necesarios" y califica de "absolutamente llamativo" que no hubiese imputaciones por recalificar en As Burgas y un Plan Xeral anulado -el que impulsó el exalcalde Manuel Cabezas, del PP, y que la Justicia echó abajo- "y ahora, que estamos defendiendo los intereses públicos de la ciudad, estemos sometidos a este castigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este promotor se ha dado cuenta de que ahora es muy fácil manchar la reputación".
Ya ante el juez, la concejala declaró que tenía especial cuidado en que no se pudiese dar un caso de tráfico de influencias con respecto al Plan Xeral y que no ordenó denegar el documento al querellante.
Además de Soto, ayer también prestó declaración, en calidad de testigo, la jefa del servicio de planeamiento, Ángeles Cantón. Según dijo ante el juez, está claro que no se pueden exhibir los documentos antes de la aprobación inicial del Plan aunque afirmó que el promotor le comentó que había tenido acceso al documento antes de ese trámite en concreto, a finales de octubre, cuando ya lo conocían y tenían en sus manos los grupos de la oposición (que lo estudiaban para el debate plenario), sobre los que pesaba un compromiso de confidencialidad; el pleno municipal de aprobación inicial fue a principios de noviembre.
