Un año después de entrar en vigor las tasas judiciales, los abogados ourensanos volvieron a coger ayer la pancarta para protestar contra una medida que 'no sólo no solucionó el problema de la justicia gratuita, sino que generó otro', aseguró el decano del Colegio de Abogados de Ourense, Arturo González. El letrado se refería así a la justificación que en su día dio el Gobierno para la implantación de tasas, que era básicamente recaudar dinero con el que financiar la justicia gratuita, a pesar de que 'recaudaron 100 millones de euros y sólo se presupuestaron 34 millones para ese fin'.
González señaló que el año transcurrido desde la implantación de las tasas sirvió para comprobar 'los perniciosos efectos' de esta medida. Según los cálculos de los letrados, 'un 24% de los ciudadanos se han visto impedidos a la hora de iniciar o continuar un procedimiento por no poder hacer frente a las tasas'. A su juicio, la medida aplicada por el Gobierno es inconstitucional -de hecho, se presentaron cuatro recursos en el Constitucional y otras cuatro cuestiones de inconstitucionalidad-, por lo que espera que este tribunal 'se pronuncie lo antes posible'. Aunque, según González, no hay datos estadísticos de la repercusión de las tasas en la provincia, sí estiman que 'las actuaciones judiciales disminuyeron un 20 o un 30%' por esta causa.
Además de en la ciudad, los abogados se concentraron en las villas junto a los juzgados para plasmar su oposición a una medida que consideran injusta y que se encuentran en vía de extinción en países en los que se venían aplicando, como Francia, que las suprimirá a partir del próximo enero.
Además de en la ciudad, los abogados se concentraron en las villas junto a los juzgados para plasmar su oposición a una medida que consideran injusta y que se encuentran en vía de extinción en países en los que se venían aplicando, como Francia, que las suprimirá a partir del próximo enero.
