Luis Doval, tomó declaración en calidad de testigos a dos jurídicos del Concello de Ourense que en su día informaron que se estaba incumpliendo la Ley del Suelo de 1997
El juez de instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, tomó declaración en calidad de testigos a dos jurídicos del Concello de Ourense que en su día informaron que se estaba incumpliendo la Ley del Suelo de 1997 a la hora de no exigir a los constructores y promotores de la ciudad el 10% de los aprovechamientos urbanísticos en suelo urbano no consolidado tanto en dinero como en terrenos.
En estos informes se basó la exconcejala del PSOE Áurea Soto para denunciar hace ahora un año a los anteriores gobiernos municipales del PP entre 1997 y 2002. Pese a que el juzgado había citado a Mª José Outeiriño, José Manuel Oliver y Mariana Martínez, sólo comparecieron los dos primeros. Tanto Outeiriño como José Manuel Oliver se ratificaron en sus informes. El magistrado instructor sólo se interesó por el puesto qué ocupan en el organigrama del ente local.
En su denuncia, Soto considera a aquellos gobiernos del PP responsables de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa porque, según las estimaciones del arquitecto municipal en el año 2004, la ciudad podría haber perdido 1.651.140,37 euros, monto referido a 15 ámbitos urbanísticos.
Por el momento, ya declaró como imputado el exconcejal de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, quien se limitó a destacar que que actuó conforme a los informes de los técnicos, que fueron "favorables" y mencionó un acuerdo plenario favorable la condonación hasta un nuevo planeamiento.
