El jefe de gestión económica del Concello de Ourense, Benigno Álvarez, no ve ninguna 'irregularidad formal' en las dos facturas supuestamente falsas del servicio de ayuda a domicilio que se investigan en el Juzgado de Instrucción número 2. El funcionario declaró ayer como testigo en la investigación judicial sobre la gestión del servicio -aún con la anterior adjudicataria, Troncoso Saludges-, al igual que hicieron el asesor jurídico municipal, Luis Tros, y la que fue jefa del Servicio de Contratación hasta diciembre de 2011, María José Outeiriño.
Así, según el encargado de tramitar las facturas que entran en el Concello, las dos que fueron denunciadas como presuntamente falsas no aportan ningún dato que haga sospechar que lo son. Es más, sobre una de ellas aseguró que la 'autorizaría'. Además, que una factura tenga todos los sellos (de los servicios por los que pasa) y otras no, 'no quiere decir nada', añadiendo, además, que no tiene conocimiento de ningún error en las facturas presentadas por la anterior concesionaria.
Según su testimonio, una factura con doble liquidación 'ya no la pasa la intervención'. Álvarez explicó también que puede haber regularizaciones en pagos que hace el Concello y que éstas pudieran deberse a que 'la empresa no hubiera facturado unas horas y luego se facturan posteriormente'. Estas regularizaciones estarían cumplidas 'con la firma del funcionario y la concejala (Marga Martín)'.
Por su parte, el asesor jurídico, Luis Tros, señaló en su declaración que la resolución del contrato con la anterior adjudicataria se realizó de mutuo acuerdo y que desde su departamento municipal 'no se informó' de que se pagasen facturas que no correspondían, así como que no tuvo ningún requerimiento en ese sentido. Mientras, la que fuera responsable de Contratación afirmó que cree que la resolución del contrato se hizo en Benestar Social porque no llegó a su área y dijo desconocer cómo se pagaba en el Concello por no ser de su área.
Las declaraciones ante el juez por este tema continuarán mañana, con dos funcionarias imputadas, y el martes, en el que declararán otros cuatro testigos. Un día después, el 27 de marzo, será la concejala Marga Martín la que comparezca ante el juez en calidad de imputada.
Según su testimonio, una factura con doble liquidación 'ya no la pasa la intervención'. Álvarez explicó también que puede haber regularizaciones en pagos que hace el Concello y que éstas pudieran deberse a que 'la empresa no hubiera facturado unas horas y luego se facturan posteriormente'. Estas regularizaciones estarían cumplidas 'con la firma del funcionario y la concejala (Marga Martín)'.
Por su parte, el asesor jurídico, Luis Tros, señaló en su declaración que la resolución del contrato con la anterior adjudicataria se realizó de mutuo acuerdo y que desde su departamento municipal 'no se informó' de que se pagasen facturas que no correspondían, así como que no tuvo ningún requerimiento en ese sentido. Mientras, la que fuera responsable de Contratación afirmó que cree que la resolución del contrato se hizo en Benestar Social porque no llegó a su área y dijo desconocer cómo se pagaba en el Concello por no ser de su área.
Las declaraciones ante el juez por este tema continuarán mañana, con dos funcionarias imputadas, y el martes, en el que declararán otros cuatro testigos. Un día después, el 27 de marzo, será la concejala Marga Martín la que comparezca ante el juez en calidad de imputada.
