La Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense va a plantear un recurso contencioso-administrativo contra el Concello de la ciudad por los daños y perjuicios que causa el cambio de calificación urbanística de fincas que antes eran urbanas y ahora son rústicas, como consecuencia de la anulación del Plan de Urbanismo de 2003 y la recuperación del aprobado en 1986.
La decisión se adoptó ayer en asamblea y ahora debe sumarse a ella cada propietario afectado de modo particular, exponiendo su caso y cómo le afecta la anulación del Plan urbanístico que promovió el exalcalde Manuel Cabezas. Así, desde la asociación alegan que los propietarios estuvieron varios años pagando IBI por esos terrenos como urbanos, que ahora sufren una pérdida de valor al volver a ser considerados rústicos y 'no es lo mismo intentar vender una fincar urbana que una rústica' , según exponían ayer en la asamblea.
Por otra parte, en la reunión de ayer también se dio cuenta de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas contra las normas provisionales de ordenación urbanística de la ciudad, en lo relativo a la autorización para desarrollar determinados ámbitos privados. En concreto, el ordenamiento provisional en vigor desde el pasado mes de octubre ampara el desarrollo de 15 áreas de interés general y otras 15 solicitadas por promotores que, según alegó la Xunta en el momento de su aprobación, eran todas las que contaban con los trámites previos ya concluidos. No obstante, la Asociación manifestó en reiteradas ocasiones su disconformidad, pues alega que no están incluidas todas las que corresponden. En su petición al TSXG solicitan como medida cautelar la suspensión de las normas en lo relativo a las áreas privadas, aunque los magistrados aún no han tomado decisión al respecto. Insisten, en todo caso, en que esta suspensión cautelar no sólo se ha pedido respecto a los ámbitos privados y no los de interés general, para no perjudicar el desarrollo de áreas importantes para Ourense, según explican el presidente de la asociación, Pedro Seara, y la letrada de la entidad, Lucila Vázquez-Gulías.
En la reunión de ayer también se analizó la normativa municipal de la inspección técnica de edificios (ITE), que este año deben pasar los inmuebles construidos antes de 1910, así como los que estaban catalogados o inventariados en el Plan de Urbanismo de 2003. En la reunión se expuso en qué consiste este procedimiento y los servicios que ofrece la asociación a sus miembros para facilitar su cumplimiento.
Por otra parte, en la reunión de ayer también se dio cuenta de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas contra las normas provisionales de ordenación urbanística de la ciudad, en lo relativo a la autorización para desarrollar determinados ámbitos privados. En concreto, el ordenamiento provisional en vigor desde el pasado mes de octubre ampara el desarrollo de 15 áreas de interés general y otras 15 solicitadas por promotores que, según alegó la Xunta en el momento de su aprobación, eran todas las que contaban con los trámites previos ya concluidos. No obstante, la Asociación manifestó en reiteradas ocasiones su disconformidad, pues alega que no están incluidas todas las que corresponden. En su petición al TSXG solicitan como medida cautelar la suspensión de las normas en lo relativo a las áreas privadas, aunque los magistrados aún no han tomado decisión al respecto. Insisten, en todo caso, en que esta suspensión cautelar no sólo se ha pedido respecto a los ámbitos privados y no los de interés general, para no perjudicar el desarrollo de áreas importantes para Ourense, según explican el presidente de la asociación, Pedro Seara, y la letrada de la entidad, Lucila Vázquez-Gulías.
En la reunión de ayer también se analizó la normativa municipal de la inspección técnica de edificios (ITE), que este año deben pasar los inmuebles construidos antes de 1910, así como los que estaban catalogados o inventariados en el Plan de Urbanismo de 2003. En la reunión se expuso en qué consiste este procedimiento y los servicios que ofrece la asociación a sus miembros para facilitar su cumplimiento.
