Una sentencia del TSXG no respalda el recurso contencioso presentado contra la Xunta de Galicia por una pareja ourensana afectada por la controvertida quiebra de Addis- Galicia, una ONG de adopciones en Etiopía y Burundi autorizada por Política Social. Los demandantes no solo se quedaron sin el hijo que buscaban desde 2012 sino que pedían una indemnización de 67.931 euros a la Administración autonómica alegando un deficiente funcionamiento de sus servicios públicos.
Los magistrados eximen a la Xunta de pagar a los demandantes los 7.931 euros que le abonaron a la Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) por los gastos de gestión y tramitación de la solicitud y los 60.000 que reclamaban por los daños morales que sufrieron a ver frustradas sus expectativas de ser padres.
La sentencia, de la que fue ponente Benigno López González, recuerda que la autoridad competente en Galicia en adopciones internacionales es la Consellería de Política Social, que debe supervisar esa actividad cuando sea delegada a instituciones o entidades colaboradoras, como en este caso. Sin embargo, los jueces subrayan que los intervinientes en la tramitación "no pueden garantizar el éxito de la adopción, ni deben hacerlo, pues una adopción transnacional está sujeta a una multitud de circunstancias, contratiempos y riesgos".
El TSXG reconoce que se ha producido "un resultado lesivo o dañoso", pero destaca que no es aceptable achacarlo a un anormal funcionamiento de la Administración autonómica. Así, recalca que el perjuicio obedece "a causas ajenas sobrevenidas, sobre las que ni la Administración central ni la autonómica tienen capacidad de disposición, como son las nuevas políticas sociales que, en materia de adopción, quiere implementar el país de origen del menor". De hecho, esas nuevas políticas de Etiopía provocaron que la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad suspendiese en abril de 2017 definitivamente la admisión y continuidad en la tramitación de expedientes de adopción internacional en aquel país por falta de seguridad jurídica. Finalmente, el país africano en enero de 2018 aprobó una ley que prohibía a los extranjeros adoptar a niños etíopes.
"Los recurrentes eran, además, perfectos conocedores de la incertidumbre respecto del éxito o fracaso de la adopción, máxime cuando esta se procura en estados en vías de desarrollo, con políticas alternantes de uno u otro sesgo. Siendo ello así, aquel riesgo posible de fracaso, hecho realidad, tenía que haber sido, por conocido, asumido por los interesados", apunta la sala, que concluye que “"no se observa incumplimiento de las obligaciones de información, supervisión y control que pesan sobre la Administración en el proceso de adopción internacional".
Según explicó ayer Política Social, este es el único caso judicializado. "As familias que estaban no medio dun proceso de adopción intentóuselles reubicar con outras entidades colaboradoras".
En estos momentos, en Galicia están trabajando tres organismos acreditados para la adopción internacional : ACI, Adecop/PIAO, Mimo e Interadop.
