El Concello ya recibió tres requerimientos este año para ejecutar la sentencia de demolición
La lucha contra la demolición de una casa unifamiliar en Reza, propiedad de Rosa Alonso y Miguel Fernández, apura sus últimos cartuchos en otro intento de frenar ese derribo, previsto ahora para el próximo jueves, después de haber sido aplazado en varias ocasiones.
Así, ayer artistas plásticos y profesionales, como habían anunciado con anterioridad, acudieron con obras de arte de su propiedad para exponerlas en el interior y exterior de la casa, intentando forzar la suspensión del derribo, ordenado por el juez, y la salvación del improvisado "museo" en una casa que también consideran de interés patrimonial y que responde al diseño del arquitecto Fernando Blanco.
Pintores, escultores, fotógrafos, escritores o arquitectos, trasladaron a la vivienda pendiente de demolición parte de su obra. "Somos un grupo de xente que queremos ben a esta familia e que por iso queremos apoialos con todas as medidas posibles", explicó el fotógrafo ourensano Mani Moretón. En una iniciativa de puertas abiertas, desde las 19,30 horas el elenco de artistas recibió en el "museo" improvisado "a todos aquelas persoas que "aínda que que non participan na súa vida cotiá na expresión plástica, son visitantes habituais do mundo da arte e da cultura e que, dun xeito ou doutro, queren apoiar a Rosa e a Miguel", añadió el artista.
El arquitecto Fernando Blanco también se dejó ver en este acto reivindicativo en el que "tratamos de evitar que se veña abaixo esta obra de singular valor arquitectónico que, polas súas características, debería estar incluida no inventario de patrimonio cultural edificado do Concello", explicó Moretón, "e aquí estaremos, por efímero que sexa, ata que veñan precintar", añadió; reconociendo así que las posibilidades de salvar la casa son escasas.
Y realmente lo son, porque la orden de derribo llega después de tres requerimientos, sólo este año, al Concello para ejecutar la sentencia judicial y, señalan fuentes municipales, obviar o demorar más la resolución supondría la inhabilitación penal del alcalde, Agustín Fernández.
La historia del conflicto
El problema de esta casa, construida en 1992 cuando la legislación vetaba la edificación fuera del núcleor rural en un radio inferior a 50 metros de otra casa con licencia, es que ha sido imposible su legalización, al menos desde el punto de vista judicial, porque no se ha podido demostrar -precisa el gobierno local- que su construcción era anterior a la del vecino que la denunció, al no constar entonces solicitud de licencia en el Concello que pudiese clarificar la fecha en que pidió permiso el denunciante.
Sin embargo, la Comisión provincial de Urbanismo dio por buena la demanda del denunciante y, pese a que desde el Concello se instó a los propietarios apercibidos del derribo para que presentasen proyecto para legalizar el inmueble, ellos y su abogado declinaron inicialmente la propuesta de solución, alegando que legalizar la casa mediante la solicitud de inejecución era cuestión de oficio del Concello o de los asesores jurídicos municipales, según detalla el gobierno local.
Sólo la adoptaron en 2010, cuando el PXOM de 2003 sobre el que tenían que basar ese planteamiento (pues recogía la regularización de estos casos), ya estaba anulado judicialmente aunque no de forma firm; un año después el Supremo lo mandarían definitivamente al cajón. Con todo, se tramitó la legalización, aceptada por el Concello pero el denunciante apeló a la anulación del Plan, consiguiendo su propósito.
