Los ourensanos remitieron durante el año pasado 288 quejas al Valedor do Pobo, según el informe anual que realiza esta institución.
La cifra supone un ligero incremento con respecto al año precedente, cuando las quejas registradas desde Ourense fueron 277. Ambas anualidades dejan a la provincia como una de las menos activas en solicitar la intermediación del Valedor, puesto que sus datos quedan muy por debajo de A Coruña (1.367) y Pontevedra (716) -que, además, tienen un mayor peso demográfico-. Además, los residentes en la ciudad son los principales remitentes de quejas -187-, seguidos de los de O Barco y Barbadás, con 10 cada uno de ellos. De hecho, las quejas transmitidas proceden de habitantes de 34 de los 92 concellos ourensanos.
En cuanto a los motivos, el Valedor hace un resumen general a nivel gallego en el que los servicios sociales -como los recortes efectuados en el área de dependencia-, la administración económica y los transportes centran buena parte de las quejas realizadas a nivel individual. Contra concellos fueron 29 reclamaciones, de las que 10 tenían como objeto el de la ciudad, derivados de un proceso de selección de personal y del botellón, entre otros.
BOTELLÓN E IGLESIA DERRIBADA
Así, el Valedor remitió en marzo del año pasado una recomendación al Concello ourensano para que adoptase medidas 'con urgencia' de cara a comprobar e impedir la práctica del botellón en varios lugares de la ciudad 'cuando produzcan una perturbación por ruidos para el vecindario', así como que impida la participación de menores en esta actividad. La resolución, que fue aceptada por el Concello, partía de una actuación de oficio de la propia institución a raíz de informaciones publicadas en La Región y de la queja de un ciudadano. También actuó de oficio el Valedor a raíz de otra noticia publicada por el periódico en relación al cobro del impuesto de plusvalía a una persona desahuciada, en Barbadás, si bien la institución tuvo constancia de que, por parte de este Concello, 'se le reintegró la cantidad'.
Además, la institución se hizo eco de cuestiones tan diversas como la convocatoria de una fiesta de fin de año en la que supuestamente se permitiría el consumo de alcohol a menores si constaba una autorización de los padres a la petición de una asociación de afectados por acondroplasia para que se suspendiera un denominado 'show de enanos' en Muíños, que finalmente no se celebró.
El Valedor también se interesó por la saturación de las urgencias del Complexo Hospitalario de Ourense y la falta de calefacción en el colegio Amadeo Barroso (finalmente resuelto), así como por una queja por un supuesto acoso escolar en O Barco. Fueron también motivos de queja los ruidos generados por un local en A Veiga, la no tramitación de la RISGA a una persona en San Cristovo de Cea, la protección de la 'Estela do Guerreiro de Peralta' o el derribo ilegal de la iglesia de Santa Marta de Fontao en A Teixeira por parte de Iberdrola. Aunque inicialmente se le puso una sanción de 60.000 euros a la empresa, la investigación sigue abierta.
Sobre las obras del centro de menores de Montealegre el Valedor sugirió a la Xunta realizarlas por fases para evitar el cierre, pero su propuesta no fue aceptada.
En cuanto a los motivos, el Valedor hace un resumen general a nivel gallego en el que los servicios sociales -como los recortes efectuados en el área de dependencia-, la administración económica y los transportes centran buena parte de las quejas realizadas a nivel individual. Contra concellos fueron 29 reclamaciones, de las que 10 tenían como objeto el de la ciudad, derivados de un proceso de selección de personal y del botellón, entre otros.
BOTELLÓN E IGLESIA DERRIBADA
Así, el Valedor remitió en marzo del año pasado una recomendación al Concello ourensano para que adoptase medidas 'con urgencia' de cara a comprobar e impedir la práctica del botellón en varios lugares de la ciudad 'cuando produzcan una perturbación por ruidos para el vecindario', así como que impida la participación de menores en esta actividad. La resolución, que fue aceptada por el Concello, partía de una actuación de oficio de la propia institución a raíz de informaciones publicadas en La Región y de la queja de un ciudadano. También actuó de oficio el Valedor a raíz de otra noticia publicada por el periódico en relación al cobro del impuesto de plusvalía a una persona desahuciada, en Barbadás, si bien la institución tuvo constancia de que, por parte de este Concello, 'se le reintegró la cantidad'.
Además, la institución se hizo eco de cuestiones tan diversas como la convocatoria de una fiesta de fin de año en la que supuestamente se permitiría el consumo de alcohol a menores si constaba una autorización de los padres a la petición de una asociación de afectados por acondroplasia para que se suspendiera un denominado 'show de enanos' en Muíños, que finalmente no se celebró.
El Valedor también se interesó por la saturación de las urgencias del Complexo Hospitalario de Ourense y la falta de calefacción en el colegio Amadeo Barroso (finalmente resuelto), así como por una queja por un supuesto acoso escolar en O Barco. Fueron también motivos de queja los ruidos generados por un local en A Veiga, la no tramitación de la RISGA a una persona en San Cristovo de Cea, la protección de la 'Estela do Guerreiro de Peralta' o el derribo ilegal de la iglesia de Santa Marta de Fontao en A Teixeira por parte de Iberdrola. Aunque inicialmente se le puso una sanción de 60.000 euros a la empresa, la investigación sigue abierta.
Sobre las obras del centro de menores de Montealegre el Valedor sugirió a la Xunta realizarlas por fases para evitar el cierre, pero su propuesta no fue aceptada.
