La Fundación ADO Moure respalda una iniciativa legislativa popular para que los perjudicados vuelvan a estar protegidos por el Código Penal
Asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y colectivos de aficionados a las bicicletas se sienten desamparados desde que la reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015 suprimió las faltas. Hasta la fecha, según sus cálculos, quedaron fuera de los juzgados de instrucción en torno al 80% de los siniestros con heridos. Es decir, imprudencias leves (las graves siguen siendo delito) atribuidas a despistes tales como saltarse un stop, un semáforo en rojo, un atropello en un paso de peatones o golpear a otro vehículo provocándole al conductor una baja de 30 días han quedado excluidas del Código Penal. Los damnificados deben acudir a la vía civil para ver resarcidos los daños personales y materiales.
Ante esta situación, la Fundación ADO Moure Pro Deporte de Ourense se ha unido a la campaña iniciada por Anna González López para recoger las firmas necesarias que avalen una Iniciativa Legislativa Popular para que las víctimas de los accidentes de tráfico vuelvan a estar amparadas por la legislación penal. El presidente del colectivo, Carlos Moure, tiene claro que el actual Código Penal no lo hace, quedando a merced "de las posibilidades económicas del perjudicado y la compañías aseguradoras". Y ello, explica, porque la reclamación en los juzgados de instancia "implica el pago de unos gastos -procurador, médico perito , riesgo de pago de las costas-, que en el procedimiento penal no existían, pues los juicios de faltas apenas tenían gastos". El médico forense, por ejemplo, es gratuito, recuerda.
Para Moure, no es entendible que para "liberar a los juzgados de instrucción de asuntos menores se deje desamparadas a las víctimas". El colectivo de ciclistas al que representa sufre una media de 6.000 accidentes al año en España, con cerca de 100 víctimas mortales. Por esta razón, añade, muchos lesionados de tráfico se piensan dos veces reclamar la indemnización que legalmente les corresponde, produciéndose una clara vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.
Prevención
El portavoz de Stop Accidentes en Ourense, Benito Bouzada, pone el acento en aquellas imprudencias que, a pesar de ser leves y estar despenalizadas, causan graves consecuencias con lesiones permanentes o incluso la muerte de la víctima. "Defendemos la necesidad de mantener tipificadas en el Código Penal las conductas imprudentes al volante que ocasionen lesiones con secuelas permanentes o un fallecimiento". Y ello, razona, porque "supone una herramienta más en las políticas de prevención para conseguir reducir las víctimas".
Bouzada defiende "una justicia basada en la protección de la vida". A su juicio, "el que cause una muerte por una temeridad o imprudencia manifiesta debe cumplir una condena eficaz", poniendo como ejemplo las "penas ridículas en los atropellos a ciclistas".
Mientras, operadores jurídicos consultados por este diario difieren de esos planteamientos. El juez decano, Leonardo Álvarez, asegura que en Ourense la reforma no supuso un cambio en el tratamiento de los accidentes de tráfico porque, explica, las imprudencias leves en temas de tráfico se estaban archivando en su totalidad, en consonancia con el criterio jurídico adoptado por la Audiencia provincial. Y da números: "La entidad de la imprudencia del conductor en el 90% de los accidentes que tienen lugar en Ourense no es merecedora de un reproche penal". A su entender, los derechos quedan salvaguardados en la vía civil. El magistrado sí reconoce que antes, con el informe del forense en la mano, a la víctima le era más fácil negociar con las compañías aseguradoras porque"los jueces tenían muy presentes en sus sentencias esos informes de sanidad".
Para la decana del Colegio de Abogados de Ourense, Pilar López-Guerrero, la vía civil da respuesta a los daños causados y "puede amparar perfectamente en muchos casos a las víctimas". "Indudablemente -matiza- nunca los propios de haber padecido una experiencia traumática, pero tampoco lo hacía la penal, que debe ser la última ratio".
El jefe provincial de Tráfico, David Llorente, asegura que los siniestros con resultados graves ocurridos en la provincia han ido en su práctica totalidad a la vía penal por lo que "se siguen sancionando de la misma forma".
MUERTO EN UN ATROPELLO A LOS 37 AÑOS
Hace un año que Anna González comenzó a recoger firmas en www.change.org/nomasmuertesimpunes (lleva 180.000) a raíz del caso que le tocó vivir en carne propia . Su marido, Óscar Bautista García, 37 años, fue atropellado a las 07.37 horas del 21 de octubre de 2013 cuando se dirigía a su trabajo en bicicleta, con ropa reflectante y luces traseras. El camionero que lo atropelló tras invadir el arcén en la autovía que pasa por Torrejón de la Calzada (Madrid) se dio a la fuga. Alegó que no se había percatado.
Un juzgado de Navalcarnero no apreció delito al considerar que al fallecer el ciclista en el acto no hubo omisión del deber de socorro por lo tanto sólo cabía hablar de homicidio por imprudencia leve. Anna tuvo que recurrir hasta que la Audiencia de Madrid le dio la razón y consideró que cabía apreciar una imprudencia grave. El caso se instruye ahora como delito.
Según dice, comenzó la campaña para evitar que otras víctimas tengan que pasar por el desgaste de los recursos ante los tribunales. "Muchas veces no tienes la fuerza necesarias, porque bastante tienes con sobrevivir al dolor", asegura.
