La franquicia gallega a la que pertenece asegura que no está afectada por la presunta estafa de la que está acusado el fundadorservidor
La única franquicia ourensana de la marca Vitaldent, situada en la calle Progreso de la ciudad, desarrolló su actividad con relativa normalidad durante la jornada de ayer, a pesar del revuelo levantado con la detención, por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de altos cargos de la mercantil Laboratorios Lucas Nicolás, investigados por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Majadahonda (Madrid) por presunto delito fiscal, al exigir a sus franquiciados que pagaran parte del canon por establecimiento en metálico y no por transferencia bancaria, investigándose en este momento si ese dinero se ha declarado.
Los responsables de Vitaldent en Ourense declinaron hacer ninguna declaración respecto a la situación y se remitieron a la información proporcionada desde la central en Santiago, en la que se especificaba que éste es un tema que atañe "directa y exclusivamente a directivos de Vitaldent, los cuales tendrán que explicar qué uso hicieron de sus beneficios", y partió de una "denuncia puesta por algunos franquiciados".
Subrayan que esta operación influye negativamente a los franquiciados como "perjudicados", pero no a su tesorería ni a su solvencia, y aclaran que "no afecta a los pacientes ni a los trabajadores, cuyos contratos de trabajo están suscritos con la mercantil franquiciada, que, además, es quien les paga sus salarios, por lo que la suerte que pueda tener Vitaldent no les afecta en absoluto".
Los clientes de la franquicia acudieron durante la jornada de ayer con toda normalidad a sus citas de limpieza de boca, empastes u otras actuaciones bucodentales. No pudieron, sin embargo, pedir cita por teléfono prácticamente durante toda la jornada, ya que, según explicaron desde la clínica, "el servidor se ha caído y no tenemos ni teléfono ni internet".
El problema de la franquicia ourensana no fue aislado, de hecho fueron varios los establecimientos afectados en toda la península. Los trabajadores consultados a nivel nacional achacaron dichos problemas a las actuaciones policiales realizadas en el marco de la operación Topolino contra la cúpula de la empresa.
Por otra parte, indicaron que este contratiempo no afectó al seguimiento de los tratamientos de pacientes habituales a los que se conoce, se cuenta con sus historiales médicos o directamente se les pregunta por su situación.
Sí afectó, en cambio, a la hora de ofrecer presupuestos para nuevos tratamientos o a la hora de entrar en la base de datos de los clientes para acceder a sus números de teléfono y ponerse en contacto con ellos para trasladarles alguna comunicación.
Entre los clientes que acudieron ayer a la franquicia en la calle Progreso, el sentimiento mayoritario era de normalidad, "ya que no afecta a las franquicias", según señalaba Mary Díaz, aunque había quien como José Benito Neiras, aun reconociendo que seguiría realizando sus tratamientos en esta clínica, apuntaba sus dudas "si tuviera un tratamiento a largo plazo" por el temor a quedarse a medio proceso.
De hecho, Legalitas informaba ayer en un comunicado que, en el caso de los tratamientos contratados con clínicas propiedad de Vitaldent, hay que esperar para ver si los procesos penales abiertos afectan a la viabilidad del negocio, ya que en ese caso "los clientes que hayan contratado con Vitaldent podrían ver comprometido el resultado de sus tratamientos".
Y añaden que si el cliente ha financiado el pago de sus servicios, debe tener en cuenta que puede suspender el pago con los debidos formalismos y en determinados casos.
Por su parte, las asociaciones de consumidores OCU y Facua recomiendan a los usuarios de las clínicas de Vitaldent que denuncien cualquier irregularidad al recibir los servicios o, si se diera, por cierre de la clínica ante los servicios de Consumo de las comunidades autónomas o en comisaría, en este último caso.
