La Xunta de Galicia ha iniciado los trámites para la adjudicación de dos viviendas públicas en la ciudad de Ourense. El Diario Oficial de Galicia ha publicado hoy la resolución que sirve de punto de partida del proceso e inicia el proceso de selección de los candidatos a hacerse con las propiedades ya sea en régimen de alquiler o propiedad.
¿Dónde están las VPO?
Las viviendas de promoción pública están ubicadas en las calles Manuel Lago y en la carretera de Vigo. La resolución del DOG de cada uno de los inmuebles explica las características de ambas, que son:
- Vivienda en la calle Manuel Lago, 3. Un cuarto piso que tiene una superficie de casi 65 m2 y dispone de dos dormitorios, garaje y trastero.[Haz clic aquí para leer la resolución completa]
- Vivienda en la carretera de Vigo, nº1C, manzana II, 10. También tiene una superficie de 65 m2 y dispone de plaza de garaje y trastero como anexos. [Haz clic aquí para leer la resolución completa]
Requisitos para optar a las viviendas
Las personas que pueden beneficiarse de esta promoción de vivienda pública en la capital ourensana deben estar inscritas en el Registro Único de Solicitantes de Vivienda en Galicia como solicitantes de vivienda de protección oficial, con Ourense como preferencia.
Los posibles beneficiarios deben tener un ingreso ponderado por unidad familiar o convivencia entre 0,7 y 2,5 veces el IPREM, además de residir o trabajar en el municipio de Ourense. Los emigrantes que deseen regresar a Galicia y acrediten haber residido fuera de la comunidad por un período no inferior a cinco años también pueden solicitar las viviendas de promoción pública.
Los candidatos tampoco pueden ser propietarios de otra vivienda, aunque se establecen excepciones como personas desahuciadas previamente o propietarios de inmuebles con un valor catastral superior a 30.000 euros.
Las casas se sortearán entre unidades familiares de hasta 3 miembros.
¿Compra o alquiler?
En ambos procesos de adjudicación de las viviendas públicas en Ourense, las casas pueden adquirirse en régimen de propiedad o arrendamiento, dependiendo de los ingresos del adjudicatario.
En el caso de formalizar un contrato de alquiler, tendrá una vigencia de siete años, renovable por periodos anuales.
