Un sindicato policial solicitó ayer el cese provisional y la incoación de un expediente disciplinario a la intendente de la Policía Local, María Barrera, mientras se mantiene abierto el proceso sancionador por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El Sindicato Profesional de Policías Municipales (Sppme) envió ayer un escrito al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y al concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, después de trascender la incoación de tres expedientes sancionadores por parte de la directora de la AEPD, Mar España, contra el Concello por incumplir la normativa en materia de protección de datos, presuntamente en tres ocasiones. En dos de ellas, se habrían expuesto datos públicos de policías en tablones de anuncios y comunicaciones oficiales, mientras que en el tercer caso se debe a la instalación de cámaras de seguridad en el parquin de la Jefatura, sin previo aviso y sin las medidas de tratamiento de las imágenes que ordena el Reglamento de Protección de Datos.
El Sppme solicitaba ayer el cese “urxente e provisional” de la intendente por la “presunta comisión de múltiples condutas recollidas no réxime disciplinario vixente dos funcionarios pertencentes á Policía Local de Galicia”. En el escrito dirigido al alcalde, se pide el cese de Barrera por la presunta comisión de múltiples conductas encuadradas en los artículos 79 y 80 en la Ley 9/2016 de coordinación de policías locales. El sindicato cree de “elevada gravidade” lo acontecido y la “repercusión pública negativa” en la institución y en los derechos de sus subordinados.
HISTÓRICO ENFRENTAMIENTO
No es la primera vez que el Sppme pide la dimisión de María Barrera, con la que mantiene un abierto enfrentamiento ya desde la época de Jesús Vázquez como alcalde. En diciembre de 2020, hace solo un año, pidió que se fuera por su “nefasta” gestión, tras la sentencia del Penal 1 que absolvía a un agente sindicalista de un delito de calumnias por enviar un email al alcalde criticando a la intendente. Antes, en mayo de 2017, el Sppme pidió un expediente disciplinario para Barrera por la colocación de un stand de una entidad bancaria en el interior de la Jefatura, y meses después se enfrentó por los datos de alcohol y drogas que se transmitían a la opinión pública.
