Los vecinos de Santa Cruz a los que los tribunales acaban de dar la razón, al ilegalizar 14 kilómetros de la autovía a Santiago, esperan a que la Xunta mueva ficha primero. No en vano, es la Administración la que debe decidir -la asesoría jurídica lo está estudiando- si apuesta por legalizar el trazado y tramitar un incidente de inejecución de la sentencia, lo que conllevaría una solución negociada con los vecinos afectados y, por lo tanto, indemnizaciones por los perjuicios ocasionados.
De no ser así, los recurrentes podrían pedir la ejecución de la sentencia, que significaría la demolición del tramo ilegal. Con todo, la decisión tardará varias semanas en producirse, puesto que el Supremo tiene que remitir todavía al Tribunal Superior de Xustiza la sentencia por la que desestima el recurso presentado en su día por la Xunta, y este proceso puede demorarse entre tres semanas y un mes.
Para el abogado de los 12 vecinos que recurrieron, Miguel García Iglesias, 'la obra ya está hecha y las propiedades originales han desaparecido, por lo que se debería llegar a un acuerdo'. Además, a su juicio, aunque el proyecto anulado -el tramo de 14 kilómetros que incluye el enlace de la autovía con la N-120 y la A-52- podría ser legalizado, habría que negociar en todo caso el proceso de expropiación.
Para el abogado de los 12 vecinos que recurrieron, Miguel García Iglesias, 'la obra ya está hecha y las propiedades originales han desaparecido, por lo que se debería llegar a un acuerdo'. Además, a su juicio, aunque el proyecto anulado -el tramo de 14 kilómetros que incluye el enlace de la autovía con la N-120 y la A-52- podría ser legalizado, habría que negociar en todo caso el proceso de expropiación.
