La Xunta demanda al Gobierno de España “un reparto equilibrado” de los fondos europeos Next Generation, relativos al desarollo de actuaciones y proyectos de movilidad. Por lo tanto, el Ejecutivo gallego ha trasladado al Gobierno español una declaración institucional que lleva por título “Por un rural forte e conectado”, y en la que un total de 153 concellos de la comunidad pide que estos fondos europeos se distribuyan de forma “equilibrada”.
Desde el Gobierno autonómico sostienen que los criterios impuestos para captar los fondos europeos dificultan el avance de las obras de mejora de la carretera OU-533 entre Valdeorras y la estación del AVE y la A-52 en A Gudiña, de la OU-542 en Ribadavia y Arnoia y de la OU-540 entre Celanova y la frontera con Portugal, así como la prolongación del acceso al polígono de San Cibrao y la Cidade do Transporte desde la A-52.
De ello dio cuenta ayer la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez Mourelle, que mantuvo una reunión con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, y parte de los alcaldes de la provincia ourensana. Su objetivo, abordar la convocatoria de los fondos Next Generation.
La responsable autonómica solicita ahora al Ejecutivo estatal que “teña en conta as reivindicacións e peculiaridades de Galicia”, puesto que “máis do 97% dos concellos quedarán fóra da convocatoria, ao primar as inversións nos municipios de máis de 50.000 habitantes”. Además, Vázquez advirtió sobre la existencia de “condicións de difícil cumprimento”, por lo que solicita al Gobierno que permita a los concellos más pequeños poder beneficiarse de estos fondos “para contribuír ao seu desenvolvemento e frear a despoboación”. Así, manifestó que suponen una oportunidad de modernización para avanzar “cara unha maior vertebración territorial”.
Además, Vázquez sostuvo que Galicia “ten máis da metade dos núcleos de poboación de España”, por lo que se necesitaría, según argumenta la conselleira, una mayor inversión per cápita para financiar servicios públicos. Por otra parte, criticó los plazos de actuación establecidos, puesto que, mientras el Gobierno dispondrá hasta 2026 para hacer frente a las obras, las demás administraciones, como la Xunta y los ayuntamientos, deberán terminarlas antes de finales del 2024. Del mismo modo, censuró que el Ejecutivo central se reserve para acciones propias “o 78%” de los recursos, dejando “só un 9%” para las autonomías. “Reunímonos para amosar a nosa preocupación conxunta”, manifestó Vázquez.
