La posible solución a los cuatro trabajadores despedidos del Pacto Territorial de Emprego de Valdeorras, a los que el Juzgado Social de Ourense daba la razón en su sentencia obligando a que fueran indemnizados o readmitidos, tendrán que esperar por una solución.
Ayer se reunían de urgencia los socios del Pacto de Emprego -organismo creado por el gobierno bipartito, y en el que están representados los concellos de la zona, para fomentar las iniciativas dirigidas a la creación de empleo-, convocados por su presidente, el alcalde de O Barco, Alfredo García, quien señalaba al término de la misma que 'hemos medio acordado varias cosas, ya que había quorum para ello, aunque la decisión definitiva se pospone a una nueva reunión que será el próximo lunes a las seis de la tarde'.
Una cosa sí queda clara para el regidor barquense, 'nosotros, como asociación, no vamos a readmitir a los trabajadores porque no podríamos pagarles. La sentencia deja claro que quien les contrató fue la Xunta de Galicia y que nosotros somos un simple ente colaborador, por lo que la responsabilidad última sobre este asunto debe recaer en el gobierno autonómico'.
'Nosotros carecemos de recursos económicos, la sociedad no los tiene, así que quien debe decidir sobre la indemnización -24.057 euros y una cantidad ligeramente superior a 32.072 euros correspondiente a los salarios no cobrados- o el recurso de la sentencia es la Xunta, añade García.
La solución, en todo caso, parece que va a ser la segunda, ya que, aunque el director xeral de Emprego, según señala el alcalde de O Barco, 'no ha recibido la notificación de la sentencia todavía, nosotros ya les hemos hecho llegar los extremos de la misma que obran en nuestra mano, y de hecho, los servicios jurídicos de la Xunta ya están trabajando en el escrito'.
Una cosa sí queda clara para el regidor barquense, 'nosotros, como asociación, no vamos a readmitir a los trabajadores porque no podríamos pagarles. La sentencia deja claro que quien les contrató fue la Xunta de Galicia y que nosotros somos un simple ente colaborador, por lo que la responsabilidad última sobre este asunto debe recaer en el gobierno autonómico'.
'Nosotros carecemos de recursos económicos, la sociedad no los tiene, así que quien debe decidir sobre la indemnización -24.057 euros y una cantidad ligeramente superior a 32.072 euros correspondiente a los salarios no cobrados- o el recurso de la sentencia es la Xunta, añade García.
La solución, en todo caso, parece que va a ser la segunda, ya que, aunque el director xeral de Emprego, según señala el alcalde de O Barco, 'no ha recibido la notificación de la sentencia todavía, nosotros ya les hemos hecho llegar los extremos de la misma que obran en nuestra mano, y de hecho, los servicios jurídicos de la Xunta ya están trabajando en el escrito'.
