Desobediencia o denegación de auxilio. Estos son los delitos en los que podrían incurrir los padres del pequeño de 9 años aquejado de obesidad si no ponen a disposición de la Xunta a su hijo en un plazo que ayer comenzó su cuenta atrás.
Mientras los padres del menor aquejado de obesidad cuya tutela ha sido asumida por la Xunta de Galicia se muestran reticentes a entregar al niño en un centro de acogida, la Administración autonómica mueve ficha. Fuentes cercanas a la Consellería de Benestar precisaron ayer que este caso, al igual que todos los que tramitamos, se ajustará a los pasos legales que se deben seguir cuando hay una asunción de tutela, por desamparo, con desaparición de un menor. Efectivamente, tal como confirmaron a este diario fuentes judiciales, ahora la pelota está en el tejado del Servizo de Familia e Menores del departamento territorial de Traballo e Benestar. Hay una resolución administrativa en marcha, que no ha sido revocada judicialmente, y, por tanto, corresponde a la Xunta promover los mecanismos necesarios para que se ejecute.
El niño de nueve años, que sigue en paradero desconocido pero cobijado por el clan familiar, deberá ser puesto a disposición de la Administración autonómica cuanto antes ya que, en caso contrario, se oficiará a la Policía Autonómica para localizarlo y conducirlo al centro de protección A Carballeira. Si no hubiera resultados satisfactorios, la Xunta tiene la obligación de denunciarlo ante la Fiscalía. Fuentes del Ministerio Público de Ourense aseguraron que, en este último supuesto, los padres podrían ser imputados en un delito de desobediencia y denegación de auxilio (artículo 412).
Y mientras, la Fiscalía de Menores está vigilante, supervisando todas las actuaciones incardinadas en este proceso en el que hay declarada una situación de riesgo.
El abogado de la familia, José Manuel Rodríguez Díaz, se reunió con los padres en la tarde y le expuso las distintas opciones y sus consecuencias legales para que, a lo largo del fin de semana, tome una deter minación. Posteriormente, la familia emplazó su respuesta: Hasta el martes no acordaremos nada, declaró Daniel Montoya, tío del pequeño.
Antecedentes
La Xunta solicitó la tutela del menor después de que las advertencias a los padres sobre los riesgos vitales que corría el niño por su sobrepeso no surtiesen efecto -cuando tenía cinco años pesaba 61,5 kilos-. El menor está en seguimiento desde el año 2005 y los médicos del Complexo Hospitalario de Ourense ya trasladaron varias alertas a sus progenitores.
La situación de desamparo del niño, que actualmente pesa 70 kilos (perdió 10 en mes y medio), fue dictaminada en base al riesgo para su salud.
No es un niño gordo, es un niño enfermo
Frente al planteamiento de Luis Montoya y Margarita Gabarres, quienes reclaman desesperadamente una segunda oportunidad para corregir la desatención en la dieta de su hijo, está la postura defendida desde la Fiscalía de Menores, el Juzgado de Familia (quien se pronunció denegando la petición de aplazar el ingreso del niño hasta la resolución del pleito civil oponiéndose a la tutela pública) y la Xunta.
Hay una situación de riesgo vital, porque no es un niño gordo sino un niño enfermo, precisaron ayer fuentes judiciales. Valoran que los poderes públicos sólo pretenden velar por su interés, reconducir la situación y, una vez estabilizado, no habría problemas en que pudiera retornar con sus padres.
Según pudo saber este diario, el pequeño sufre apnea obstructiva del sueño y arrastra problemas de insuficiencia respiratoria (a los cinco años llegó a estar conectado a una máquina para poder respirar).
Asimismo, la Consellería de Benestar precisó que la resolución de tutela, en este momento (con fecha del 23 de septiembre) , no responde a un capricho: Se estudian los tiempos para que el menor sufra lo menos posible.
¿Y AHORA QUÉ?
A nivel administrativo: La Xunta requerirá a los padres para entregar el niño. Puede oficiar a la Policía Autonómica para localizarlo e ingresarlo en el centro. Si esto no fuera así, la Xunta denunciará a los padres ante la Fiscalía de Menores.
A nivel judicial: Los padres han anunciado una demanda oponiéndose a la resolución de tutela pública de la Xunta. El juez de Familia requiere el expediente a Benestar y le da traslado a la parte contraria para que formule alegaciones de cara a un posterior juicio. Estos trámites se prolongarán previsiblemente hasta le mes de enero.
El niño de nueve años, que sigue en paradero desconocido pero cobijado por el clan familiar, deberá ser puesto a disposición de la Administración autonómica cuanto antes ya que, en caso contrario, se oficiará a la Policía Autonómica para localizarlo y conducirlo al centro de protección A Carballeira. Si no hubiera resultados satisfactorios, la Xunta tiene la obligación de denunciarlo ante la Fiscalía. Fuentes del Ministerio Público de Ourense aseguraron que, en este último supuesto, los padres podrían ser imputados en un delito de desobediencia y denegación de auxilio (artículo 412).
Y mientras, la Fiscalía de Menores está vigilante, supervisando todas las actuaciones incardinadas en este proceso en el que hay declarada una situación de riesgo.
El abogado de la familia, José Manuel Rodríguez Díaz, se reunió con los padres en la tarde y le expuso las distintas opciones y sus consecuencias legales para que, a lo largo del fin de semana, tome una deter minación. Posteriormente, la familia emplazó su respuesta: Hasta el martes no acordaremos nada, declaró Daniel Montoya, tío del pequeño.
Antecedentes
La Xunta solicitó la tutela del menor después de que las advertencias a los padres sobre los riesgos vitales que corría el niño por su sobrepeso no surtiesen efecto -cuando tenía cinco años pesaba 61,5 kilos-. El menor está en seguimiento desde el año 2005 y los médicos del Complexo Hospitalario de Ourense ya trasladaron varias alertas a sus progenitores.
La situación de desamparo del niño, que actualmente pesa 70 kilos (perdió 10 en mes y medio), fue dictaminada en base al riesgo para su salud.
No es un niño gordo, es un niño enfermo
Frente al planteamiento de Luis Montoya y Margarita Gabarres, quienes reclaman desesperadamente una segunda oportunidad para corregir la desatención en la dieta de su hijo, está la postura defendida desde la Fiscalía de Menores, el Juzgado de Familia (quien se pronunció denegando la petición de aplazar el ingreso del niño hasta la resolución del pleito civil oponiéndose a la tutela pública) y la Xunta.
Hay una situación de riesgo vital, porque no es un niño gordo sino un niño enfermo, precisaron ayer fuentes judiciales. Valoran que los poderes públicos sólo pretenden velar por su interés, reconducir la situación y, una vez estabilizado, no habría problemas en que pudiera retornar con sus padres.
Según pudo saber este diario, el pequeño sufre apnea obstructiva del sueño y arrastra problemas de insuficiencia respiratoria (a los cinco años llegó a estar conectado a una máquina para poder respirar).
Asimismo, la Consellería de Benestar precisó que la resolución de tutela, en este momento (con fecha del 23 de septiembre) , no responde a un capricho: Se estudian los tiempos para que el menor sufra lo menos posible.
¿Y AHORA QUÉ?
A nivel administrativo: La Xunta requerirá a los padres para entregar el niño. Puede oficiar a la Policía Autonómica para localizarlo e ingresarlo en el centro. Si esto no fuera así, la Xunta denunciará a los padres ante la Fiscalía de Menores.
A nivel judicial: Los padres han anunciado una demanda oponiéndose a la resolución de tutela pública de la Xunta. El juez de Familia requiere el expediente a Benestar y le da traslado a la parte contraria para que formule alegaciones de cara a un posterior juicio. Estos trámites se prolongarán previsiblemente hasta le mes de enero.
