El letrado valenciano Francisco Javier Galán ha recogido en un pequeño manual su lucha y triunfo judicial frente a la desagradable experiencia de acoso que sufrió por parte de una compañía telefónica, que le reclamó de forma insistente, a él y a su hija menor de edad, durante meses, una inexistente deuda de 80 euros.
Su triunfo: el haber logrado finalmente una orden de alejamiento y prohibición de comunicaciones en un novedoso proceso no exento de reveses, pero que finalmente se saldó a su favor y con cuya publicación pretende contribuir a poner coto a los abusos de estas compañías.
“No eran mis 80 euros, sino los 80 que pretenden obtener de todas las personas que han contratado sus servicios. Se conoce como externalidades en economía, actuaciones que, a pesar de tener consecuencias negativas para otras personas, son rentables porque los beneficios son mucho mayores que los costes. Muchas personas acabarán pagando y claudicando para que no se les moleste”, apunta Galán, autor del libro “El acoso telefónico y la orden de alejamiento”, editado por Sendemà.
A finales de 2015 decidió cambiar de empresa telefónica realizando una portabilidad que no conllevaba ningún gasto por cancelación, según le informó su propia compañía. Sin embargo, semanas después recibió dos facturas por 40 euros en concepto de penalización por cancelación de contrato y otra de 40,61 euros por un recibo de línea, dos meses después de haber realizado la portabilidad.
Este cliente respondió que no debía nada, pero la empresa le inscribió en un registro de morosos e inició un proceso de envío de llamadas y mensajes tanto a su terminal como a los de sus familiares, incluyendo una hija menor de edad, que recibía llamadas incluso en horas lectivas.
“Ya no es solo que te acosen para apoderarse de tu dinero, es que encima manchan tu honor incluyéndote en registros de morosos como su fueses un mal pagador o un delincuente, y lo publican a ojos de todo el mundo. Te intimidan hasta el punto de agotarte psicológicamente para que pagues”, lamenta.
Reclamación judicial
Fue entonces cuando tramitó un procedimiento de reclamación ante el Ministerio de Industria, a través del cual se le dio la razón en el sentido de corroborar que no debía nada a la empresa, aunque las llamadas prosiguieron y decidió interponer una denuncia por acoso y estafa, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia. Este juzgado abrió diligencias previas en mayo de 2016, pero finalmente archivó el asunto.
Sin embargo, el cliente recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó al juzgado continuar con el procedimiento y diligencias de investigación por un supuesto delito de acoso telefónico, contemplado en el Código Penal tras la última reforma.
