El Gobierno dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, por el que se asignaba un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades concesionarias del servicio TDT, ya que no había mediado concurso.
'Se trata en este caso de dar cumplimiento estricto a una sentencia que declaró la nulidad de dicho acuerdo', señaló la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. El acuerdo anulado el pasado 11 de diciembre por el TS afectaba a la asignación de un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades concesionarias del servicio de TDT nacional (Antena 3, Gestevisión Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, NET TV y La Sexta).
La vicepresidenta ha dicho que es 'un proceso abierto en España', conocido como 'dividendo digital' y que se tendrá que completar en los próximos meses.
IMPUGNACIÓN
Conocida la decisión, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha adelantado que la impugnará al tiempo que denunciaba la 'situación de inseguridad jurídica sin precedentes' en que dejaría al sector audiovisual en general. Uteca ha trasladado su 'absoluta disconformidad y malestar' con la decisión.
Asimismo, ha alertado de las 'indeseables consecuencias' de su ejecución, ya que 'coloca a los operadores de televisión y, por extensión, a todo el sector audiovisual, en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, que afecta de lleno a nuestra credibilidad como país'. Recalca, igualmente, los efectos que tendrá para un sector en crisis que ha perdido el 50 por ciento de su mercado en los últimos cinco años.
La vicepresidenta ha dicho que es 'un proceso abierto en España', conocido como 'dividendo digital' y que se tendrá que completar en los próximos meses.
IMPUGNACIÓN
Conocida la decisión, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha adelantado que la impugnará al tiempo que denunciaba la 'situación de inseguridad jurídica sin precedentes' en que dejaría al sector audiovisual en general. Uteca ha trasladado su 'absoluta disconformidad y malestar' con la decisión.
Asimismo, ha alertado de las 'indeseables consecuencias' de su ejecución, ya que 'coloca a los operadores de televisión y, por extensión, a todo el sector audiovisual, en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, que afecta de lleno a nuestra credibilidad como país'. Recalca, igualmente, los efectos que tendrá para un sector en crisis que ha perdido el 50 por ciento de su mercado en los últimos cinco años.
