El dueño del restaurante Asador Guadalmina de Marbella (Málaga), José Eugenio Arias, declaró este jueves que acata la prohibición de fumar en el interior de su establecimiento 'por imperativo legal' y anunció que iniciará todas las acciones pertinentes contra la llamada Ley Antitabaco y contra actuación de la Junta de Andalucía, que considera 'desproporcionada' porque ordenó hace una semana el cierre de su local.
Arias, el primer empresario hostelero español que rechazó públicamente la Ley Antitabaco tras su entrada en vigor el pasado 2 de enero, anunció a los periodistas que el restaurante reabrirá el 10 de marzo, una vez que los trabajadores vuelvan de unas vacaciones 'más que merecidas'. Asimismo, el dueño del restaurante continuará su cruzada por toda España para recoger firmas contra la Ley Antitabaco. De momento, cuenta ya con 100.000 de las 500.000 que necesita para promover una iniciativa legislativa popular.
El próximo 21 de febrero se celebrará en Madrid, frente al Ministerio del Interior, una manifestación de rechazo a la normativa que prohíbe fumar en los establecimientos públicos, apuntó Arias. La Consejería de Salud autorizó ayer la reapertura del restaurante, después de haber recibido un burofax de su propietario en el que comunicaba su intención de acatar la legislación.
Con independencia de la reapertura del restaurante, el expediente que le abrió la Delegación Provincial de Salud por una falta muy grave, al obviar de manera reiterada el requerimiento de la autoridad sanitaria, con una propuesta de sanción de 145.000 euros, sigue su curso.
El próximo 21 de febrero se celebrará en Madrid, frente al Ministerio del Interior, una manifestación de rechazo a la normativa que prohíbe fumar en los establecimientos públicos, apuntó Arias. La Consejería de Salud autorizó ayer la reapertura del restaurante, después de haber recibido un burofax de su propietario en el que comunicaba su intención de acatar la legislación.
Con independencia de la reapertura del restaurante, el expediente que le abrió la Delegación Provincial de Salud por una falta muy grave, al obviar de manera reiterada el requerimiento de la autoridad sanitaria, con una propuesta de sanción de 145.000 euros, sigue su curso.
