El anteproyecto de reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual además de permitir a las comunidades autónomas elegir qué modelo prefieren para gestionar sus televisiones públicas -si uno público, privado o mixto-, abre la puerta a la externalización de los informativos y elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación de las públicas sea de producción propia.
Así, en el texto del anteproyecto se eliminan los párrafos de la Ley General de Comunicación Audiovisual en los que se obligaba a los entes públicos a impulsar la producción propia de su programación 'de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas'. Asimismo, se retira de la ley el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes 'ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos'.
En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluidos RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE, aunque el funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado por un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública, y que no fueron modificadas.
Tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que 'las comunidades autónomas determinarán los modos de gestión del servicio público audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en la colaboración público-privada'.
Con las modificaciones introducidas en la Ley audiovisual las comunidades autónomas dispondrán de alternativas para la gestión de sus televisiones públicas, ya sea la gestión directa, indirecta o la colaboración público-privada.
En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluidos RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE, aunque el funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado por un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública, y que no fueron modificadas.
Tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que 'las comunidades autónomas determinarán los modos de gestión del servicio público audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en la colaboración público-privada'.
Con las modificaciones introducidas en la Ley audiovisual las comunidades autónomas dispondrán de alternativas para la gestión de sus televisiones públicas, ya sea la gestión directa, indirecta o la colaboración público-privada.
