Los cubanos expulsados de la CEAR de Málaga son acogidos por el Ayuntamiento

Los siete cubanos expulsados del centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Málaga, entre ellos el expreso Carlos Martín Gómez, tras una agresión física en el grupo y amenazas al personal, están siendo acomodados por el Ayuntamiento en otro centro y en un hostal.

Una octava persona, sobre la que no pesaba orden de salida obligatoria del centro de la CEAR, se ha sumado a los que lo han abandonado hoy, en presencia de la Policía que no ha tenido que intervenir, según han informado a Efe fuentes del recinto.

Carlos Martín ha asegurado a Efe que han dejado su equipaje en unas dependencias municipales y van hacia sus nuevos lugares de acogida temporal, en su caso el centro de acogida municipal.

Preguntado por las amenazas al personal a las que se refiere la CEAR, ha respondido irónicamente que compraron '70 ametralladores, 11 cañones...', y ha recordado que él estuvo 'catorce años preso en Cuba defendiendo los derechos humanos del pueblo cubano'.

También ha afirmado que el director del centro estaba 'loco' por sacarlos del recinto y que detrás de su expulsión está el Gobierno cubano.

Por su parte, la hermana del expreso, Sabina, ha explicado que cinco de los desalojados continúan la huelga de hambre que iniciaron el pasado viernes al no lograr alquilar un piso donde establecerse y para denunciar las incomodidades que sufrían en el centro de la CEAR donde permanecían desde abril.

Desde el centro de la CEAR han informado al consistorio malagueño de las siete personas que tenían que abandonar el centro y han comentado que ha sido 'una situación muy desagradable para todos'.

La 'baja obligatoria' procede de una resolución de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del pasado martes.

La CEAR explicó ayer que los expulsados 'han mantenido continuos conflictos entre ellos, llegando a la agresión física' y que se han enfrentado en repetidas ocasiones al equipo técnico del centro, 'llegando a proferir amenazas directas e indirectas, agresiones verbales y faltas manifiestas al respeto'.

También precisó que han incurrido en otros incumplimientos de la normativa de convivencia y que la dirección denunció ante el juzgado la aparición de dos vídeos en Internet donde estas personas hablan de su situación y de las condiciones del centro.

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