Universidades públicas de toda España establecieron programas de jubilación incentivada para sus profesores, que reciben hasta 300.000 euros por un sistema que el Tribunal de Cuentas considera de 'dudoso encaje legal' y que -de 2007 a 2009- supusieron un total de 43,6 millones de euros al erario público. Estos incentivos o 'premios a la jubilación' se abonan, frecuentemente, con cargo a partidas presupuestarias destinadas a la acción social de las propias universidades.
Así lo detalla el Informe de Fiscalización sobre las Universidades Públicas realizado por el Tribunal de Cuentas, que analiza detalladamente un proceso de concesión de prejubilaciones que 'suscita serias dudas desde la óptica de la legalidad vigente'. El sistema, que comenzó a ponerse en práctica a principios de la década pasada en algunas universidades y de forma no coordinada, se propagó por 'una especie de contagio' hasta el punto de que, en 2009 eran 33 las universidades que habían puesto en marcha este tipo programa de 'incentivos' para los profesores mayores de 60 años.
Según el Tribunal de Cuentas, en la actualidad son 1.446 profesores los que se benefician de un sistema que complementa su prejubilación con cantidades que, por lo general, se calcula como resultado de la diferencia entre la pensión máxima en vigor y el sueldo que tenía de beneficiado en el momento de su prejubilación.
El Tribunal de Cuentas detalla que, por lo general y para calcular el montante, se fijan unos porcentajes a percibir de esa diferencia en torno al 95%, con lo que el 'incentivo se aproxima al valor de la pensión máxima, y garantizan que 'el personal afectado se aseguraría, desde el momento de la jubilación hasta los 70 años, unos ingresos equivalentes al doble de dicha pensión máxima'.
'AUSENCIA DE UNA NORMA'
Tras analizar la legislación vigente y las normas que invocan los consejos de gobierno, el informe concluye que 'lo primero que llama la atención es la ausencia de una norma legal con el rango suficiente que dé cobertura a los procesos de jubilaciones voluntarias con incentivo'.
Prueba de que los órganos de gobierno de las universidades no saben bien cómo justificar estos incentivos es que, al tomar las decisiones, hablan de 'premios a la jubilación, e incluso deciden que se abone con cargo a partidas presupuestarias destinadas a la acción social', dice el informe. Los planes se suelen centrar en personal docente e investigador, aunque algunas universidades -como la Politécnica de Valencia y las universidades de la Comunidad de Madrid- lo extendieron a profesores contratados y a personal funcionario y laboral, con lo que 'los problemas de encaje legal se acrecientan'. En cuanto a los requisitos que debe reunir el personal que opte a la jubilación voluntaria incentivada existen dos 'modelos básicos': en unos casos se exige tener 60 años y 30 de servicios o 65 y 15 de servicios; en otros se requiere tener 65 años de edad. En todos los casos, la duración del incentivo, que se cobra anualmente, se extiende hasta que el prejubilado cumple los 70 años.
Según el Tribunal de Cuentas, en la actualidad son 1.446 profesores los que se benefician de un sistema que complementa su prejubilación con cantidades que, por lo general, se calcula como resultado de la diferencia entre la pensión máxima en vigor y el sueldo que tenía de beneficiado en el momento de su prejubilación.
El Tribunal de Cuentas detalla que, por lo general y para calcular el montante, se fijan unos porcentajes a percibir de esa diferencia en torno al 95%, con lo que el 'incentivo se aproxima al valor de la pensión máxima, y garantizan que 'el personal afectado se aseguraría, desde el momento de la jubilación hasta los 70 años, unos ingresos equivalentes al doble de dicha pensión máxima'.
'AUSENCIA DE UNA NORMA'
Tras analizar la legislación vigente y las normas que invocan los consejos de gobierno, el informe concluye que 'lo primero que llama la atención es la ausencia de una norma legal con el rango suficiente que dé cobertura a los procesos de jubilaciones voluntarias con incentivo'.
Prueba de que los órganos de gobierno de las universidades no saben bien cómo justificar estos incentivos es que, al tomar las decisiones, hablan de 'premios a la jubilación, e incluso deciden que se abone con cargo a partidas presupuestarias destinadas a la acción social', dice el informe. Los planes se suelen centrar en personal docente e investigador, aunque algunas universidades -como la Politécnica de Valencia y las universidades de la Comunidad de Madrid- lo extendieron a profesores contratados y a personal funcionario y laboral, con lo que 'los problemas de encaje legal se acrecientan'. En cuanto a los requisitos que debe reunir el personal que opte a la jubilación voluntaria incentivada existen dos 'modelos básicos': en unos casos se exige tener 60 años y 30 de servicios o 65 y 15 de servicios; en otros se requiere tener 65 años de edad. En todos los casos, la duración del incentivo, que se cobra anualmente, se extiende hasta que el prejubilado cumple los 70 años.
