La Asociación Derecho a Vivir (DAV) interpuso en los juzgados de Huelva una denuncia contra la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y contra el hospital, Blanca Paloma, en el caso de Ramona Estévez, la mujer de 90 años, ingresada en el citado centro hospitalario, a la que le fue retirada la sonda nasogástrica después de que la administración andaluza mediara la pasada semana ante el personal médico, tras sufrir el 26 de julio un infarto cerebral que 'se convirtió en un proceso irreversible'.
En declaraciones a los periodistas, el letrado de la asociación, Nicolás Morón, quien ante todo mostró su solidaridad con Ramona Estévez y su familia, dijo que la actuación de DAV corresponde a 'dar cumplimiento a cuestiones jurídicas', ya que la retirada de la sonda, a su juicio, 'no se corresponde con el ordenamiento jurídico'.
Explicó que la denuncia recoge la comisión de dos posibles delitos, por un lado, el de omisión del deber de socorro imputable a la consejera, a la dirección del centro y al personal sanitario, y por otro, la inducción al suicidio, ya que Ramona Estévez 'no va a morir por derrame cerebral sino de inanición', lo que calificó de 'práctica de eutanasia encaminada a causar la muerte', algo que 'no se puede admitir en nuestro ordenamiento jurídico'.
Morón insistió en que estas actuaciones 'no pueden confundirse con un ensañamiento médico sino con las más elementales actuaciones del cuidado básico de una persona' y que en la querella se solicita 'la adopción de las medidas cautelares de forma inmediata para que la situación irreversible en que se transformaría el caso de Ramona si fallece se evite'.
Explicó que la denuncia recoge la comisión de dos posibles delitos, por un lado, el de omisión del deber de socorro imputable a la consejera, a la dirección del centro y al personal sanitario, y por otro, la inducción al suicidio, ya que Ramona Estévez 'no va a morir por derrame cerebral sino de inanición', lo que calificó de 'práctica de eutanasia encaminada a causar la muerte', algo que 'no se puede admitir en nuestro ordenamiento jurídico'.
Morón insistió en que estas actuaciones 'no pueden confundirse con un ensañamiento médico sino con las más elementales actuaciones del cuidado básico de una persona' y que en la querella se solicita 'la adopción de las medidas cautelares de forma inmediata para que la situación irreversible en que se transformaría el caso de Ramona si fallece se evite'.
