Una española comenzó hoy a ser juzgada en Camboya por presuntas irregularidades cometidas cuando se quedó a cargo de un orfanato, después de que su presidente fuese condenado por abusos sexuales a varios de los menores internos.
Lidia Linde, de 46 años y nacida en Barcelona, está acusada en los tribunales de Siem Reap, en el norte del país, de apropiación indebida de muebles y material de Cambodia Orpahn Fund, la entidad que ofrecía un techo y atención a unos 60 niños antes del escándalo con el propietario.
El anterior presidente de la fundación, el británico Nicholas Griffin, de 53 años, fue detenido en octubre de 2010 y condenado el pasado marzo a dos años de cárcel por 'actos indecentes a menores', aunque uno de ellos conmutable por una fianza.
Tras el arresto, el departamento de Asuntos Sociales de Siem Reap adjudicó la custodia de los niños a la española, quien trabajaba como voluntaria en el centro desde 2008, a condición de que se crease una nueva sociedad.
La catalana constituyó y registró la sociedad 'Juntos por Camboya', de la que ella es presidenta, y con las propiedades de la anterior organización se abrió un centro que en la actualidad atiende a 40 niños sin familia o cuyos padres no pueden ocuparse de ellos.
'Los estatutos del antiguo orfanato (Cambodia Orpahn Fund) decían que, una vez disuelto, las propiedades irían a otra organización similar o a la Cruz Roja camboyana', indicó a Efe la española.
'El problema -añadió- es que no se cerró la organización debidamente'.
Linde sostiene que desconocía que habían incurrido en irregularidades y que cuando se apercibió actuó para subsanarlas.
Cambodia Orphan Fund fue dado de baja por el Ministerio del Interior el pasado agosto, tras una petición cursada a través de la embajada española en misión especial en Camboya.
El proceso civil que comenzó hoy decidirá si 'Juntos por Camboya' puede quedarse con las propiedades o si éstas deben ser donadas a la Cruz Roja u otra organización.
Si los bienes le son denegados a 'Juntos por Camboya', la española afrontará un segundo caso penal por apropiación indebida, en el que podría ser condenada a una pena de hasta tres años de prisión y una multa de entre uno y seis millones de rieles (entre 250 y 1.500 dólares), en caso de ser declarada culpable.
El Ministerio camboya del Interior ordenó el pasado octubre la expulsión de Griffin del país, sin que pueda regresar. Actualmente se encuentra detenido por la policía británica por otro caso de abuso a un menor en su patria.
