El Parlamento Europeo aprobó ayer definitivamente la nueva norma comunitaria cuyo objetivo es acotar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera, y evitar así que se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios nacionales.
Los Estados miembros tienen ahora dos años y medio para incorporar la norma a sus respectivas legislaciones. La directiva es más restrictiva que el plan original de la Comisión y aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero con el objetivo de limitar el 'turismo sanitario', tal y como quería España, que logró un compromiso preliminar durante su presidencia de la UE en el primer semestre de 2010. España alertó que la propuesta inicial supondrían un coste adicional para la seguridad social de 2.000 millones anuales.
En general, la directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta, hasta la cantidad que se les habría pagado de ser atendidos por su sanidad nacional. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados sí que se permitirá introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. La Eurocámara acotó los motivos que puede alegar un país para denegar la autorización previa: que el traslado sea perjudicial para el paciente, que no esté garantizada la calidad del hospital receptor, por motivos de salud pública o que el Estado miembro de origen se comprometa a prestar la atención solicitada en un plazo razonable.
En general, la directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta, hasta la cantidad que se les habría pagado de ser atendidos por su sanidad nacional. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados sí que se permitirá introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. La Eurocámara acotó los motivos que puede alegar un país para denegar la autorización previa: que el traslado sea perjudicial para el paciente, que no esté garantizada la calidad del hospital receptor, por motivos de salud pública o que el Estado miembro de origen se comprometa a prestar la atención solicitada en un plazo razonable.
