Los datos de cada español de mediana edad están en unas 300 bases, y medio centenar de ellas están activas, según explicó Gemma Galdón, coordinadora de unas jornadas sobre 'Tecnologías para vigilar a la sociedad', que reúnen en Barcelona a medio centenar de expertos de todo el mundo. Galdón, responsable de políticas de seguridad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), señaló que el encuentro se enmarca en un programa europeo que analiza las consecuencias de vivir en sociedades vigiladas, porque 'el problema actual es que no sabemos quién nos vigila. Antes era el Estado, pero ahora también son las empresas'.
Datos de establecimientos a cambio de tarjetas de fidelización, de empresas de suministros, de redes sociales, de cámaras de seguridad en la calle y hasta de cuando nos apuntamos a un curso se guardan en bases de datos que son mercancía que se compra y se vende. Destacó que ahora existe 'un gran hermano, que es el Estado; una hermana pequeña, que son las empresas, y el Tío Sam, que es el complejo de seguridad montado con la excusa del riesgo terrorista', y esta situación obliga a exigir garantías para que se respete la privacidad, aunque hay muchos intereses en contra.
En España, las empresas están obligadas a sacar de las bases de datos a las personas que lo piden, pero para ello deben hacer una petición individual, cuando lo que reclaman los expertos es que para incluirte en ellas sea necesaria una autorización personal, y no al revés como ocurre ahora.
En España, las empresas están obligadas a sacar de las bases de datos a las personas que lo piden, pero para ello deben hacer una petición individual, cuando lo que reclaman los expertos es que para incluirte en ellas sea necesaria una autorización personal, y no al revés como ocurre ahora.
