Lavapiés en Madrid. Ciutat Vella en Barcelona. Triana en Sevilla. Tres escenarios urbanos de ese drama silencioso que es el mobbing inmobiliario, un acoso que soportan sobre todo personas mayores con escasos recursos económicos y al que la Justicia y los ayuntamientos empiezan a plantar cara. El problema es de tal magnitud que hasta Naciones Unidas ha puesto el grito en el cielo a través de Miloon Kothari, relator especial para asuntos de vivienda, quien califica la situación de muy grave.
Naciones Unidas a través de Miloon Kothari, relator especial para asuntos de vivienda de la organización, que estuvo recientemente en San Sebastián, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, entre otras ciudades, alerta en un informe sobre la vulnerabilidad de las víctimas -ancianos, discapacitados, mujeres, jóvenes...ante la falta de escrúpulos de los especuladores inmobiliarios, los asustaviejas como son conocidos popularmente, y se sorprendía por la tímida actuación de los jueces en estos casos.
La semana pasada uno de Barcelona condenaba a una inmobiliaria a rehabilitar a fondo un edificio en el que viven, en condiciones muy precarias, con ratas correteando a sus anchas por el inmueble, ocho vecinos, en su mayoría ancianos, que habían denunciado a su casero por usar métodos de extorsión y presión psicológica en un intento por hacerles abandonar sus pisos de renta antigua. Este de Barcelona es uno de los miles de casos de mobbing inmobiliario registrados en España en los últimos años, con un escenario casi siempre común: los cascos antiguos de las ciudades.
Especuladores
Allí proliferan edificios mal conservados, infraviviendas muchas veces, que son presa suculenta para los especuladores, además de, una vez rehabilitados, objetos de deseo para una élite económicamente pudiente que ahora quiere vivir en el centro. El problema es más grave de lo que a primera vista pudiera parecer, asegura Marina Parés, presidenta de la ONG Servicio Europeo de Información sobre Mobbing, para quien la solución está en los ayuntamientos, porque tienen la competencia y la obligación de evitar la degradación de barrios y edificios, dijo.
Más de 200 casos en Barcelona en 2007; 137 posibles en Madrid desde 2003, según Juan José de Gracia, responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda; 160 edificios sevillanos con patologías graves de deterioro de la edificación y unos propietarios que no garantizan las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato. Son cifras que ponen al descubierto una realidad que el Ministerio de la Vivienda y la Federación Española de Muni cipios y Provincias (FEMP) se han propuesto combatir con un teléfono gratuito que desde comienzos de año está a disposición de quienes se sienten víctimas de acoso inmobiliario. A esta iniciativa se han acogido, de momento, diez municipios -A Coruña, Fuenlabrada y Getafe, en Madrid; Gijón; Hospitalet, en Barcelona; Denia y Elche, en Alicante; Vitoria; Córdoba, y Las Palmas de Gran Canaria-.
La semana pasada uno de Barcelona condenaba a una inmobiliaria a rehabilitar a fondo un edificio en el que viven, en condiciones muy precarias, con ratas correteando a sus anchas por el inmueble, ocho vecinos, en su mayoría ancianos, que habían denunciado a su casero por usar métodos de extorsión y presión psicológica en un intento por hacerles abandonar sus pisos de renta antigua. Este de Barcelona es uno de los miles de casos de mobbing inmobiliario registrados en España en los últimos años, con un escenario casi siempre común: los cascos antiguos de las ciudades.
Especuladores
Allí proliferan edificios mal conservados, infraviviendas muchas veces, que son presa suculenta para los especuladores, además de, una vez rehabilitados, objetos de deseo para una élite económicamente pudiente que ahora quiere vivir en el centro. El problema es más grave de lo que a primera vista pudiera parecer, asegura Marina Parés, presidenta de la ONG Servicio Europeo de Información sobre Mobbing, para quien la solución está en los ayuntamientos, porque tienen la competencia y la obligación de evitar la degradación de barrios y edificios, dijo.
Más de 200 casos en Barcelona en 2007; 137 posibles en Madrid desde 2003, según Juan José de Gracia, responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda; 160 edificios sevillanos con patologías graves de deterioro de la edificación y unos propietarios que no garantizan las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato. Son cifras que ponen al descubierto una realidad que el Ministerio de la Vivienda y la Federación Española de Muni cipios y Provincias (FEMP) se han propuesto combatir con un teléfono gratuito que desde comienzos de año está a disposición de quienes se sienten víctimas de acoso inmobiliario. A esta iniciativa se han acogido, de momento, diez municipios -A Coruña, Fuenlabrada y Getafe, en Madrid; Gijón; Hospitalet, en Barcelona; Denia y Elche, en Alicante; Vitoria; Córdoba, y Las Palmas de Gran Canaria-.
