En España hay 50.000 embriones congelados que no han sido transferidos para provocar una gestación y que permanecen en un 'limbo legislativo' a la espera de que se tome una decisión sobre su posible destrucción, su donación a parejas con problemas de fertilidad o su uso para la investigación. 'Tenemos 50.000 embriones y no sabemos qué hacer con ellos', reconoció el ginecólogo Pedro Caballero, director de la Fundación Tambre, que constituyó el primer comité de ética de una clínica de reproducción asistida creado en España. Este debate, sobre la situación de embriones criopreservados, tuvo lugar en el IV Simposio Internacio
'Tenemos 50.000 embriones y no sabemos qué hacer con ellos', reconoció el ginecólogo Pedro Caballero, director de la Fundación Tambre, que constituyó el primer comité de ética de una clínica de reproducción asistida creado en España. Este debate, sobre la situación de embriones criopreservados, tuvo lugar en el IV Simposio Internacional de Reproducción Asistida, que reunió en el Palacio de Congresos de Madrid a unos 600 expertos nacionales e internacionales.
El doctor Miguel Casares, coordinador de Trasplantes y presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de Getafe, hizo hincapié en que tanto las instalaciones como el mantenimiento de estos cigotos con nitrógeno líquido son 'enormemente costosos', por lo que urge tomar una decisión sobre su futuro. En cuanto a la posibilidad de destinarlos a la investigación para el tratamiento de enfermedades o para la medicina regenerativa, confesó que las clínicas de este país especializadas en células madre prefieren obtenerlas por otras vías, siempre que sea posible, sin recurrir a las embrionarias.
SÓLO HASTA 35 AÑOS
El modelo español en este ámbito es 'disuasorio', según Casares, quien criticó que es necesario pasar por un 'auténtico galimatías' en el que los investigadores de este país no están interesados. La opción de que los embriones se implanten en mujeres con problemas de fertilidad choca también con la legislación española, que prohíbe este uso para aquellas que sean mayores de 35 años, precisamente, la edad en que las dificultades para concebir son mayores y existe una creciente demanda.
Tanto Caballero como Casares coincidieron en la necesidad de reformar este aspecto de la Ley de Reproducción Asistida, porque pondría fin al sufrimiento de muchas parejas españolas al tiempo que solventaría el controvertido debate sobre el futuro de los embriones. Aunque la legislación no establece ninguna restricción en el número de cigotos generados, Casares apeló a la responsabilidad de los profesionales para que ajusten la producción a las indicaciones clínicas del caso y limiten la implantación a tres embriones por ciclo reproductivo. Una vez creados los embriones, la ley española establece un plazo de cinco años para el mantenimiento de la criopreservación, periodo durante el cual la pareja donante puede decidir una nueva implantación o, previa autorización, la cesión a otra pareja.
El doctor Miguel Casares, coordinador de Trasplantes y presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de Getafe, hizo hincapié en que tanto las instalaciones como el mantenimiento de estos cigotos con nitrógeno líquido son 'enormemente costosos', por lo que urge tomar una decisión sobre su futuro. En cuanto a la posibilidad de destinarlos a la investigación para el tratamiento de enfermedades o para la medicina regenerativa, confesó que las clínicas de este país especializadas en células madre prefieren obtenerlas por otras vías, siempre que sea posible, sin recurrir a las embrionarias.
SÓLO HASTA 35 AÑOS
El modelo español en este ámbito es 'disuasorio', según Casares, quien criticó que es necesario pasar por un 'auténtico galimatías' en el que los investigadores de este país no están interesados. La opción de que los embriones se implanten en mujeres con problemas de fertilidad choca también con la legislación española, que prohíbe este uso para aquellas que sean mayores de 35 años, precisamente, la edad en que las dificultades para concebir son mayores y existe una creciente demanda.
Tanto Caballero como Casares coincidieron en la necesidad de reformar este aspecto de la Ley de Reproducción Asistida, porque pondría fin al sufrimiento de muchas parejas españolas al tiempo que solventaría el controvertido debate sobre el futuro de los embriones. Aunque la legislación no establece ninguna restricción en el número de cigotos generados, Casares apeló a la responsabilidad de los profesionales para que ajusten la producción a las indicaciones clínicas del caso y limiten la implantación a tres embriones por ciclo reproductivo. Una vez creados los embriones, la ley española establece un plazo de cinco años para el mantenimiento de la criopreservación, periodo durante el cual la pareja donante puede decidir una nueva implantación o, previa autorización, la cesión a otra pareja.
