La Comisión de Interior del Congreso dio luz verde a la reforma de la Ley de Tráfico, que ahora pasará al Senado, y suavizó las multas por consumo de alcohol al volante, que, frente al proyecto inicial, sólo serán de mil euros si la tasa duplica la permitida o si se es reincidente.
Así lo acordaron 'in extremis' PP y CiU, por lo que frente a las multas que establecía el proyecto inicial, que incrementaba de los 500 euros actuales a 1.000 euros por dar positivo, en la nueva redacción sólo se sancionará con esa cantidad cuando se duplique la tasa permitida, es decir cuando se dé 1 gramo de alcohol por litro. También será de 1.000 euros cuando el conductor se niegue a someterse a la prueba de alcoholemia o cuando sea reincidente, según la enmienda pactada entre PP y CiU, que contó con el apoyo de todos los grupos a excepción del PSOE, que se abstuvo. Precisamente, esos dos grupos también acordaron, en el trámite de ponencia, establecer en los 16 años la edad hasta la que será obligatorio el uso del casco de la bicicleta en ciudad, a pesar de que la intención inicial del Gobierno era imponerlo hasta los 18 años.
Son las dos novedades más importantes del proyecto de reforma de la Ley de Tráfico, que ahora pasará al Senado y cuya aprobación definitiva supondrá la puesta en marcha del nuevo Reglamento de Circulación, que no entrará en vigor hasta al menos marzo.
El informe de la ponencia fue aprobado en la Comisión de Interior de la Cámara Baja con los votos en contra del PSOE y la Izquierda Plural, en un debate no exento de críticas a la celeridad con la que se tramitó un tema que, según la oposición, requería mayor sosiego al afectar a un número importante de ciudadanos.
Son las dos novedades más importantes del proyecto de reforma de la Ley de Tráfico, que ahora pasará al Senado y cuya aprobación definitiva supondrá la puesta en marcha del nuevo Reglamento de Circulación, que no entrará en vigor hasta al menos marzo.
El informe de la ponencia fue aprobado en la Comisión de Interior de la Cámara Baja con los votos en contra del PSOE y la Izquierda Plural, en un debate no exento de críticas a la celeridad con la que se tramitó un tema que, según la oposición, requería mayor sosiego al afectar a un número importante de ciudadanos.
