La empresa Nintendo reclamó ayer una condena de 23 años de cárcel y el pago de una indemnización de 840.000 euros para un empresario avilesino que vende cartuchos para la consola DS en su comercio. En el juicio, que quedó visto para sentencia, la defensa de Alejandro Fernández. se amparó en el artículo 20 de la Constitución Española, dado que dichos dispositivos permiten el uso de aplicaciones que una persona haya creado.
'Al garantizar la libertad de expresión se garantiza la programación de software de cualquier dispositivo. No se puede prohibir hacer software para ningún dispositivo. Lo que se ejecuta en una consola es un programa de ordenador y por lo tanto la consola es un ordenador', dijo la defensa de Alejandro Fernández, quien indicó que 'es una barbaridad haber solicitado 23 años de cárcel y 840.000 euros de indemnización'.
La fiscalía, por su parte, rebajó la petición inicial de tres años y medio de cárcel a la mitad al considerar al comerciante autor de un delito continuado contra la propiedad intelectual. Por su parte, la multinacional considera que es responsable de vulnerar la propiedad industrial, defraudar la propiedad intelectual y revelar de secretos.
Una representante legal de Nintendo explicó ante el juez que el departamento comercial de Nintendo calculó que 'por cada cartucho la compañía deja de vender 20 juegos y cada uno cuesta unos 30 euros'. Según las estimaciones de la compañía el daño económico por cada dispositivo sería de 600 euros, 'más de lo que cuesta la consola', según ha recordado la defensa, ejercida por Carlos Sánchez Almeida. Los hechos vistos este martes en Avilés comenzaron en 2009, cuando la aduana retuvo un pedido de A.F.G., procedente de China, de 400 dispositivos. Posteriormente pidió otro millar que tampoco llegó a recibir. A 600 euros por cartucho Nintendo entiende que el comerciante avilesino le habría causado un prejuicio de 340.000 euros.
Su abogado ha recordado que dicha mercancía fue retenida en la aduana, por lo que no se ha podido poner a la venta. Además, el propio acusado ha relatado como desde que comenzara el pleito con Nintendo su comercio se ha visto afectada económicamente. 'Éramos 15 trabajadores, ahora somos tres. La empresa daba beneficios y ya no los da', aseguró, después de señalar que 'Nintendo intenta hacer un circuito cerrado de contenidos y yo lo que intento es competir en el mercado'.
La fiscalía, por su parte, rebajó la petición inicial de tres años y medio de cárcel a la mitad al considerar al comerciante autor de un delito continuado contra la propiedad intelectual. Por su parte, la multinacional considera que es responsable de vulnerar la propiedad industrial, defraudar la propiedad intelectual y revelar de secretos.
Una representante legal de Nintendo explicó ante el juez que el departamento comercial de Nintendo calculó que 'por cada cartucho la compañía deja de vender 20 juegos y cada uno cuesta unos 30 euros'. Según las estimaciones de la compañía el daño económico por cada dispositivo sería de 600 euros, 'más de lo que cuesta la consola', según ha recordado la defensa, ejercida por Carlos Sánchez Almeida. Los hechos vistos este martes en Avilés comenzaron en 2009, cuando la aduana retuvo un pedido de A.F.G., procedente de China, de 400 dispositivos. Posteriormente pidió otro millar que tampoco llegó a recibir. A 600 euros por cartucho Nintendo entiende que el comerciante avilesino le habría causado un prejuicio de 340.000 euros.
Su abogado ha recordado que dicha mercancía fue retenida en la aduana, por lo que no se ha podido poner a la venta. Además, el propio acusado ha relatado como desde que comenzara el pleito con Nintendo su comercio se ha visto afectada económicamente. 'Éramos 15 trabajadores, ahora somos tres. La empresa daba beneficios y ya no los da', aseguró, después de señalar que 'Nintendo intenta hacer un circuito cerrado de contenidos y yo lo que intento es competir en el mercado'.
