El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 con una estimación presupuestaria de 5.159 millones de euros para los próximos cuatro años, entre Ejecutivo, las comunidades autónomas y las entidades locales. Es la primera vez que un Plan de Infancia está dotado con una memoria económica.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que el plan trata de 'reforzar la protección de los menores en distintos ámbitos, especialmente en situaciones de violencia y de mayor vulnerabilidad'.
Además, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, señaló que este Plan de Infancia es 'el más ambicioso de la democracia' y es 'un instrumento integrador de todas las políticas de infancia, como un marco de consenso entre todas las administraciones públicas y entidades implicadas'.
Los ocho objetivos del Plan serán: conocimiento y sensibilización; apoyo a las familias y conciliación; seguridad en el uso de las nuevas tecnologías; atención prioritaria en colectivos con riesgo de exclusión social; prevención y rehabilitación de casos conflictivos; educación de calidad; y promoción de la salud y los hábitos saludables.
PRINCIPALES NOVEDADES
El Plan, que considerará a los menores hijos de maltratadas fallecidas como víctimas de violencia de género, incluirá un Registro Unificado de Maltrato Infantil y de Casos de Explotación Sexual; promoverá el acogimiento familiar; y elevará la edad para contraer matrimonio de 14 a 16 años. Además, contempla que los pacientes menores podrán permanecer en las unidades pediátricas hasta los 18 años y no hasta los 14, como hasta ahora.
En el marco del primer objetivo -Conocimiento y sensibilización-, se consolidará el Registro Unificado de Maltrato Infantil y el Registro de Casos de Explotación Sexual Infantil, que serán herramientas útiles para combatir estos abusos y se incluirá la aprobación de un Plan Integral de atención para los menores de tres años con graves discapacidades, para facilitar la atención temprana y rehabilitación.
Dentro del segundo objetivo -apoyo a las familias-, el Gobierno elevará la edad para contraer matrimonio que, en la actualidad, se sitúa en 18 años, pero que mantiene una excepción para menores emancipados, que pueden casarse con hasta 14 años. Para elevar esta edad se incluirá una modificación en el Código Civil, consensuada con el Ministerio de Justicia, para elevar la edad a los 16 años.
En cuanto a la edad del consentimiento sexual, fijada en 13 años -la más baja de los países del entorno-, se elevará con el fin de evitar los abusos a menores y luchar de forma más eficaz contra la pederastia. Mato propuso que se haga buscando el consenso de todas las fuerzas políticas en el Parlamento.
En relación con los medios de comunicación, internet y las redes sociales, el Plan contempla que se potencien los sistemas de filtrado y la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como 'ciberacoso' o 'ciberbullyng'.
Además, el Gobierno va a definir por primera vez en una norma estatal las llamadas situaciones de riesgo y desamparo. Se pretende que ningún menor de tres años en situación de desamparo tenga que pasar por un centro residencial, sino que se integre en una familia y así contrarrestar el hecho de que 35.000 niños en España están bajo tutela o guarda cuando muchas familias quieren adoptar. Para ello, se emplearán 'familias de urgencia' que darán un acogimiento profesionalizado, y la figura de la 'guarda con fines de adopción' que permitirá que un bebé dado en adopción al nacer por su madre biológica pase directamente a vivir con una familia, aunque la adopción definitiva la decida un juez.
Además, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, señaló que este Plan de Infancia es 'el más ambicioso de la democracia' y es 'un instrumento integrador de todas las políticas de infancia, como un marco de consenso entre todas las administraciones públicas y entidades implicadas'.
Los ocho objetivos del Plan serán: conocimiento y sensibilización; apoyo a las familias y conciliación; seguridad en el uso de las nuevas tecnologías; atención prioritaria en colectivos con riesgo de exclusión social; prevención y rehabilitación de casos conflictivos; educación de calidad; y promoción de la salud y los hábitos saludables.
PRINCIPALES NOVEDADES
El Plan, que considerará a los menores hijos de maltratadas fallecidas como víctimas de violencia de género, incluirá un Registro Unificado de Maltrato Infantil y de Casos de Explotación Sexual; promoverá el acogimiento familiar; y elevará la edad para contraer matrimonio de 14 a 16 años. Además, contempla que los pacientes menores podrán permanecer en las unidades pediátricas hasta los 18 años y no hasta los 14, como hasta ahora.
En el marco del primer objetivo -Conocimiento y sensibilización-, se consolidará el Registro Unificado de Maltrato Infantil y el Registro de Casos de Explotación Sexual Infantil, que serán herramientas útiles para combatir estos abusos y se incluirá la aprobación de un Plan Integral de atención para los menores de tres años con graves discapacidades, para facilitar la atención temprana y rehabilitación.
Dentro del segundo objetivo -apoyo a las familias-, el Gobierno elevará la edad para contraer matrimonio que, en la actualidad, se sitúa en 18 años, pero que mantiene una excepción para menores emancipados, que pueden casarse con hasta 14 años. Para elevar esta edad se incluirá una modificación en el Código Civil, consensuada con el Ministerio de Justicia, para elevar la edad a los 16 años.
En cuanto a la edad del consentimiento sexual, fijada en 13 años -la más baja de los países del entorno-, se elevará con el fin de evitar los abusos a menores y luchar de forma más eficaz contra la pederastia. Mato propuso que se haga buscando el consenso de todas las fuerzas políticas en el Parlamento.
En relación con los medios de comunicación, internet y las redes sociales, el Plan contempla que se potencien los sistemas de filtrado y la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como 'ciberacoso' o 'ciberbullyng'.
Además, el Gobierno va a definir por primera vez en una norma estatal las llamadas situaciones de riesgo y desamparo. Se pretende que ningún menor de tres años en situación de desamparo tenga que pasar por un centro residencial, sino que se integre en una familia y así contrarrestar el hecho de que 35.000 niños en España están bajo tutela o guarda cuando muchas familias quieren adoptar. Para ello, se emplearán 'familias de urgencia' que darán un acogimiento profesionalizado, y la figura de la 'guarda con fines de adopción' que permitirá que un bebé dado en adopción al nacer por su madre biológica pase directamente a vivir con una familia, aunque la adopción definitiva la decida un juez.
