Tras el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, los ciudadanos podrán solicitar al buscador Google que borre datos "perjudiciales"
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que ampara el "derecho al olvido" en la red, y que es fruto de un litigio entre la Agencia Española de Protección de Datos y Google, supone una revolución a la hora de garantizar la intimidad y privacidad de los ciudadanos, según expertos legales.
Esta resolución establece que Google es un motor de búsquedas pero que además trata la información y se exige por tanto que en ciertas situaciones se retiren los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si dañan al ciudadano y ya no son pertinentes; se indica además que se estudiará cada caso por separado.
El abogado Joaquín Muñoz, representante del español Mario Costeja, convertido quizás sin proponérselo, en impulsor del llamado "derecho al olvido" en internet, al desencadenar el caso que concluyó con esta sentencia, destacó su alcance porque confirma el derecho del ciudadano a la privacidad y a decidir quien trata o no sus datos personales.
La empresa Google sin embargo considera la sentencia "decepcionante" para "los motores de búsqueda" en internet y editores "on line", y recuerda que difiere "drásticamente" de las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Niilo Jääskinen.
Reclamaciones
Desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), su director, José Luis Rodríguez Álvarez, manifestó su confianza en que esta sentencia "marque un punto de inflexión" en la conducta de Google, para que, "a partir de ahora, cumpla con la normativa europea de protección de datos".
Los ciudadanos ya podrán solicitar del motor de búsqueda, según las condiciones de la directiva de protección de datos, la eliminación de referencias que les afecten, incluso si la información no fue eliminada por el editor y si ni siquiera éste hubiera solicitado su desindexación.
La sentencia hace prever una "avalancha" de reclamaciones de ciudadanos para que Google retire de la red enlaces a informaciones que les perjudican, según explicó el abogado Víctor Salgado. El experto jurídico en nuevas tecnologías indicó que cualquiera podrá dirigirse directamente a Google en su país de origen en Europa y ampararse en esta sentencia para ejercer sus derechos sobre protección de datos. En el caso de que Google hiciera oídos sordos a las reclamaciones, la empresa incurriría en multas de hasta 600.000 euros.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, se refirió a la resolución como "un hito" que "abre la puerta" de una forma muy clara y desde el punto de vista de la jurisprudencia al acatamiento por parte de Google de una legislación de ámbito europeo frente a la estadounidense por la que se regía sólo hasta ahora.
Sin embargo, según el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, la sentencia otorga mayor poder a Google y le da una responsabilidad "que no se merece" como decidir qué enlaces a informaciones perjudican. En su opinión, "el tribunal ha dejado sin resolver el problema de fondo, que tiene que ver con los contenidos y no con los enlaces".
