El 'juicio' contra líderes políticos europeos y asociaciones profesionales taurinas concluyó con un 'veredicto' que los declara culpables y reclama la supresión de todos los tipos de subsidios, nacionales y comunitarios, con los que se financian las corridas de toros.
El jurado de la 'Corte Internacional de Justicia para los Animales' incluyó en su sentencia simbólica una petición para que se cierren la escuelas de tauromaquia y se prohíba el acceso de los menores de 16 años a las plazas de toros.
Además, se solicita al Parlamento Europeo que convoque a un referéndum para que los ciudadanos de la Unión puedan pronunciarse sobre la abolición de esa práctica.
Igualmente, se invoca al Papa Benedicto XVI para que 'aplique nuevamente la bula que condena los juegos taurinos' y establezca claramente 'que los espectáculos sangrientos que son las corridas deben ser condenados'.
Asimismo, el jurado declaró 'culpables' al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y a su primer ministro, Francois Fillón, al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y al ex presidente portugués, Jorge Sampaio, por su respaldo a las corridas.
Igualmente fueron condenadas la Federación Nacional de Escuelas de Tauromaquia, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Unión Internacional de Organizadores y Promotores de Espectáculos Taurinos, y la Unión Profesional de Matadores de Toros, todas ellas españolas.
Zapatero fue encontrado culpable de 'mantener, gracias a subvenciones y en detrimento de las necesidades de sus conciudadanos desfavorecidos, espectáculos degradantes', así como de 'crueldad hacia los animales'.
A Sarkozy y Fillon se les responsabilizó, entre otras cosas, de 'promover la propaganda taurina en las escuelas francesas, tolerar la admisión de niños a las corridas y de subvencionar las escuelas de tauromaquia'.
Por su parte, Sampaio y Barroso fueron condenados por su 'evidente satisfacción ante la tortura de toros y otros bovinos' y por 'haber abolido parcialmente la legislación que prohibía matar a toros en las arenas portuguesas'.
La posición de la 'fiscal', Caroline Lanthy, que pidió declarar a todos esos dirigentes políticos inelegibles para cargos nacionales e internacionales, no fue retenida por el jurado.
Este juicio fue auspiciado por la Fundación suiza Franz Weber, que promovió la creación de la 'Corte de Justicia para los Animales' en 1979.
Durante la audiencia intervinieron representantes de organizaciones españolas, francesas y portuguesas defensoras de los animales, así como veterinarios, psicólogos infantiles, y ex aficionados a la tauromaquia.
Todos ellos presentaron datos y testimonios en favor de la abolición de las corridas de toros, que estuvieron apoyados por vídeos que mostraban momentos estremecedores de la agonía de esos animales en las plazas.
Uno de los testimonios más emotivos fue el del ex torero colombiano Alvaro Múnera, quien quedó parapléjico a los 19 años en una corrida realizada en Albecete (España) y participó en el juicio a través de una teleconferencia.
La acusación de los 'inculpados' de España estuvo a cargo de la Fundación Altarriba, que sostuvo que sólo el 4,6 por ciento de españoles son aficionados a las corridas de toros y que 'comunidades autónomas de pretendido arraigo taurino, como la propia Madrid, están por debajo de esa media'.
Por su parte, la representante de la plataforma española 'Stop our shame' (Alto a nuestra vergüenza), Alejandra García, dijo que recientes estudios -basados en datos del 2006- han revelado que los subsidios públicos para la tauromaquia en España se elevan a 450 millones de euros anuales (casi 700 millones de dólares).
Ese importe -afirmó- sirve para 'la construcción y rehabilitación de plazas, para las plazas de toros móviles, para festejo, ganaderías, escuelas y peñas taurinas' y 'es financiado por el Gobierno central, las diputaciones, autonomías y ayuntamientos'.
Además, se solicita al Parlamento Europeo que convoque a un referéndum para que los ciudadanos de la Unión puedan pronunciarse sobre la abolición de esa práctica.
Igualmente, se invoca al Papa Benedicto XVI para que 'aplique nuevamente la bula que condena los juegos taurinos' y establezca claramente 'que los espectáculos sangrientos que son las corridas deben ser condenados'.
Asimismo, el jurado declaró 'culpables' al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y a su primer ministro, Francois Fillón, al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y al ex presidente portugués, Jorge Sampaio, por su respaldo a las corridas.
Igualmente fueron condenadas la Federación Nacional de Escuelas de Tauromaquia, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Unión Internacional de Organizadores y Promotores de Espectáculos Taurinos, y la Unión Profesional de Matadores de Toros, todas ellas españolas.
Zapatero fue encontrado culpable de 'mantener, gracias a subvenciones y en detrimento de las necesidades de sus conciudadanos desfavorecidos, espectáculos degradantes', así como de 'crueldad hacia los animales'.
A Sarkozy y Fillon se les responsabilizó, entre otras cosas, de 'promover la propaganda taurina en las escuelas francesas, tolerar la admisión de niños a las corridas y de subvencionar las escuelas de tauromaquia'.
Por su parte, Sampaio y Barroso fueron condenados por su 'evidente satisfacción ante la tortura de toros y otros bovinos' y por 'haber abolido parcialmente la legislación que prohibía matar a toros en las arenas portuguesas'.
La posición de la 'fiscal', Caroline Lanthy, que pidió declarar a todos esos dirigentes políticos inelegibles para cargos nacionales e internacionales, no fue retenida por el jurado.
Este juicio fue auspiciado por la Fundación suiza Franz Weber, que promovió la creación de la 'Corte de Justicia para los Animales' en 1979.
Durante la audiencia intervinieron representantes de organizaciones españolas, francesas y portuguesas defensoras de los animales, así como veterinarios, psicólogos infantiles, y ex aficionados a la tauromaquia.
Todos ellos presentaron datos y testimonios en favor de la abolición de las corridas de toros, que estuvieron apoyados por vídeos que mostraban momentos estremecedores de la agonía de esos animales en las plazas.
Uno de los testimonios más emotivos fue el del ex torero colombiano Alvaro Múnera, quien quedó parapléjico a los 19 años en una corrida realizada en Albecete (España) y participó en el juicio a través de una teleconferencia.
La acusación de los 'inculpados' de España estuvo a cargo de la Fundación Altarriba, que sostuvo que sólo el 4,6 por ciento de españoles son aficionados a las corridas de toros y que 'comunidades autónomas de pretendido arraigo taurino, como la propia Madrid, están por debajo de esa media'.
Por su parte, la representante de la plataforma española 'Stop our shame' (Alto a nuestra vergüenza), Alejandra García, dijo que recientes estudios -basados en datos del 2006- han revelado que los subsidios públicos para la tauromaquia en España se elevan a 450 millones de euros anuales (casi 700 millones de dólares).
Ese importe -afirmó- sirve para 'la construcción y rehabilitación de plazas, para las plazas de toros móviles, para festejo, ganaderías, escuelas y peñas taurinas' y 'es financiado por el Gobierno central, las diputaciones, autonomías y ayuntamientos'.
