Las redes de fibra óptica, que permitirán navegar por Internet a más de cien megabits por segundo, sólo llegarán a entre el 43 y el 46 por ciento de la población en 2023, según el estudio de viabilidad de la competencia en infraestructuras de fibra óptica entre operadores de la CMT.
El informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) indica que en un escenario conservador, en 15 años (2008-2023), la fibra de Telefónica llegaría al 45 por ciento del territorio, con 13,3 millones de viviendas, y los alternativos al 43 por ciento, con 12,3 millones.
El informe concluye que en muchas zonas la misma Telefónica tendría dificultades para recuperar la inversión y sería necesaria la ayuda pública para hacer llegar las nuevas redes.
Este escenario conservador contempla operadores que cuenten con planes de despliegue en todo el territorio y baja contratación de servicios prémium (de valor añadido que sólo se soporten sobre fibra óptica) y alquilando las canalizaciones a Telefónica.
En este escenario conservador, el 40 por ciento de los accesos de fibra óptica de Telefónica se utilizaría para servicios prémium, y en el caso de los alternativos el porcentaje sería del 30 por ciento.
En esos 15 años, Telefónica disminuirá dos puntos su cuota de mercado minorista de banda ancha, de 30 puntos en el mercado de telefonía fija, y de 10 en televisión IP (Protocolo Internet).
El informe recoge las inversiones para hacer las redes e indica que, en ese periodo de 15 años, para los operadores alternativos el esfuerzo inversor sería mayor, al tener que alquilar los conductos a Telefónica y tener costes superiores a los de la operadora dominante.
Así, para Madrid y Barcelona, Telefónica tendría que invertir 365,5 millones de euros, mientras que una red alternativa costaría 421,1 millones; en municipios con más de 50.000 habitantes, Telefónica invertiría 2.262,4 millones, y en cada red alternativa, 2.648 millones.
Para poblaciones entre 1.000 y 50.000 habitantes, la inversión sería de 1.875 millones para Telefónica y 2.179,7 para la alternativa, y para menos de 1.000, de 216,5 millones para Telefónica y 79 para el alternativo, que no tendría casi presencia.
El estudio considera que en ciudades de más de 50.000 habitantes, los operadores alternativos podrían recuperar la inversión entre los 9 y los 12 años, para las de entre 5.000 y 50.000 habitantes, entre los 13 y 14 años, y en las de menos de 1.000 casi no tendrían presencia, ya que tardarían en recuperar la inversión más de 15 años.
En el escenario conservador, Barcelona, por su mayor concentración de población, sería la ciudad con mayor número de operadores con red alternativos a Telefónica en esos 15 años, con tres o cuatro, dependiendo de los precios que se fijen para el alquiler de los conductos de Telefónica para realizar las nuevas infraestructuras.
Madrid podría contar con dos operadores alternativos, si el precio que se fija está orientado a costes corrientes, o con tres, si está orientado a costes históricos.
En el resto de los municipios, podría haber uno alternativo, excepto en los de menos de 1.000 habitantes que no habría ninguno.
En el estudio no se ha tenido en cuenta la red de cable actual de los operadores de este sector.
El informe concluye que en muchas zonas la misma Telefónica tendría dificultades para recuperar la inversión y sería necesaria la ayuda pública para hacer llegar las nuevas redes.
Este escenario conservador contempla operadores que cuenten con planes de despliegue en todo el territorio y baja contratación de servicios prémium (de valor añadido que sólo se soporten sobre fibra óptica) y alquilando las canalizaciones a Telefónica.
En este escenario conservador, el 40 por ciento de los accesos de fibra óptica de Telefónica se utilizaría para servicios prémium, y en el caso de los alternativos el porcentaje sería del 30 por ciento.
En esos 15 años, Telefónica disminuirá dos puntos su cuota de mercado minorista de banda ancha, de 30 puntos en el mercado de telefonía fija, y de 10 en televisión IP (Protocolo Internet).
El informe recoge las inversiones para hacer las redes e indica que, en ese periodo de 15 años, para los operadores alternativos el esfuerzo inversor sería mayor, al tener que alquilar los conductos a Telefónica y tener costes superiores a los de la operadora dominante.
Así, para Madrid y Barcelona, Telefónica tendría que invertir 365,5 millones de euros, mientras que una red alternativa costaría 421,1 millones; en municipios con más de 50.000 habitantes, Telefónica invertiría 2.262,4 millones, y en cada red alternativa, 2.648 millones.
Para poblaciones entre 1.000 y 50.000 habitantes, la inversión sería de 1.875 millones para Telefónica y 2.179,7 para la alternativa, y para menos de 1.000, de 216,5 millones para Telefónica y 79 para el alternativo, que no tendría casi presencia.
El estudio considera que en ciudades de más de 50.000 habitantes, los operadores alternativos podrían recuperar la inversión entre los 9 y los 12 años, para las de entre 5.000 y 50.000 habitantes, entre los 13 y 14 años, y en las de menos de 1.000 casi no tendrían presencia, ya que tardarían en recuperar la inversión más de 15 años.
En el escenario conservador, Barcelona, por su mayor concentración de población, sería la ciudad con mayor número de operadores con red alternativos a Telefónica en esos 15 años, con tres o cuatro, dependiendo de los precios que se fijen para el alquiler de los conductos de Telefónica para realizar las nuevas infraestructuras.
Madrid podría contar con dos operadores alternativos, si el precio que se fija está orientado a costes corrientes, o con tres, si está orientado a costes históricos.
En el resto de los municipios, podría haber uno alternativo, excepto en los de menos de 1.000 habitantes que no habría ninguno.
En el estudio no se ha tenido en cuenta la red de cable actual de los operadores de este sector.
