Las entidades de gestión analizan el borrador de la orden ministerial que regulará el polémico canon digital por copia privada y confían en que en las próximas semanas, después de seis meses de retraso, se adopte la decisión política que permita aprobarla.
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, dijo en el Congreso que en este momento y junto con el Ministerio de Industria, "hay por primera vez una propuesta concreta encima de la mesa, que se está estudiando con las entidades de gestión para su formulación final".
El director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Pedro Farré, explicó que todas las entidades de gestión —que trabajan en este asunto "como una sola voz y con máxima coordinación"— están echando números para calcular si la propuesta de orden ministerial "sirve para compensar económicamente a los autores por el daño que supone la copia privada".
La orden ministerial es una de las consecuencias de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que estableció que cada dos años el Ministerio de Cultura y el de Industria deben dictar el listado con los aparatos digitales sujetos al pago del canon por copia privada y la cuantía del mismo.
Como las entidades de gestión y el sector de las nuevas tecnologías no pudieron llegar a un acuerdo sobre este listado y las tarifas, según establece la ley, los dos Ministerios tuvieron que tomar el testigo y desarrollar una propuesta, que, tras meses de retraso conforme al calendario regulado en la ley, está ahora en manos de las entidades de gestión, aunque no ha llegado al sector industrial y de las nuevas tecnologías.
El director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Pedro Farré, explicó que todas las entidades de gestión —que trabajan en este asunto "como una sola voz y con máxima coordinación"— están echando números para calcular si la propuesta de orden ministerial "sirve para compensar económicamente a los autores por el daño que supone la copia privada".
La orden ministerial es una de las consecuencias de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que estableció que cada dos años el Ministerio de Cultura y el de Industria deben dictar el listado con los aparatos digitales sujetos al pago del canon por copia privada y la cuantía del mismo.
Como las entidades de gestión y el sector de las nuevas tecnologías no pudieron llegar a un acuerdo sobre este listado y las tarifas, según establece la ley, los dos Ministerios tuvieron que tomar el testigo y desarrollar una propuesta, que, tras meses de retraso conforme al calendario regulado en la ley, está ahora en manos de las entidades de gestión, aunque no ha llegado al sector industrial y de las nuevas tecnologías.
